La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó ayer que el Distrito Federal legisle sobre la extinción de dominio de bienes utilizados o producto de actos delictivos, y comenzó el análisis de los casos en los que procede la enajenación de bienes en favor del gobierno capitalino para beneficio de la sociedad.

Por mayoría de siete votos contra tres, los ministros hicieron oficiales sus posturas en favor del proyecto de dictamen que elaboró Fernando Franco, que propone la validez de los artículos impugnados al considerar que no violan el derecho de audiencia ni de equidad procesal, porque al afectado se le debe notificar personalmente del inicio del procedimiento y se le emplaza para que en el término de diez días hábiles comparezca para manifestar lo que a su derecho convenga; las víctimas del delito y los terceros interesados también tienen oportunidad de defender sus derechos.

Por tratarse de una acción de inconstitucionalidad –presentada por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en contra de los artículos 25, párrafo segundo; 26 y 34 de la citada legislación–, se requerirá del voto de ocho de los 11 integrantes del pleno para invalidar las normas impugnadas.

Los ministros determinarán también si alguno de los ilícitos previstos en la ley –narcomenudeo, trata de personas, secuestro y robo de vehículos– pueden considerarse parte del crimen organizado y por tanto son del orden federal. O bien, si la Ley de Extinción de Dominio del Distrito Federal, al tener el objetivo de atacar el fenómeno de la delincuencia organizada, no tipifica ningún delito, y por tanto la transmisión de las propiedades al gobierno capitalino es constitucional.

Los ministros Juan N. Silva Meza, Jorge Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena votaron en el sentido de que la ALDF no tiene facultades en la materia; en tanto que Fernando Franco, Arturo Zaldívar, José Ramón Cossío, Olga Sánchez Cordero, Alberto Gelacio Pérez Dayán, Margarita Luna Ramos y Luis María Aguilar se pronunciaron por validar las facultades de los legisladores capitalinos. Sergio Valls no se presentó.

Por otra parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Édgar Elías Azar, dijo que la Ley de Extinción de Dominio se debe revisar para no dañar a terceros, además definir la temporalidad de los plazos legales, porque ello ha sido causa de que el Gobierno del Distrito Federal pierda juicios de amparo.

Detalló que, por ejemplo, en el robo de vehículos, que es el caso más recurrente, los tiempos no están definidos: “a veces dicen 30 días y la temporalidad dice ‘no fue tiempo suficiente’, y otras ejecutorias que ‘15 días fue tiempo suficiente’. Eso hay que arreglarlo porque es una luz amarilla de alerta”.