La decisión del Senado de quitar la reserva interpuesta por el gobierno mexicano a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas –lo que permitirá a los tribunales civiles juzgar a militares responsables de dicho crimen de lesa humanidad– es un gesto positivo, pero aún sigue pendiente una reforma para acotar de manera definitiva el fuero castrense, señalaron organizaciones sociales.

Mediante carta firmada por diversos colectivos, entre ellos el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, se saludó el hecho de que el Senado retirara la reserva interpuesta al artículo 9 de la mencionada convención.

Sin embargo, señalaron, el Congreso aún debe acotar el fuero militar para excluir en definitiva la competencia de dichos órganos para conocer de delitos cometidos en contra de civiles, tal como lo ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su sentencia sobre el caso de Rosendo Radilla, luchador social desaparecido por el Ejército en 1974.

El artículo que hasta hace dos días estaba impugnado por las autoridades mexicanas, recordaron, señala que los presuntos responsables del delito de desaparición forzada de personas sólo podrán ser juzgados por las jurisdicciones de derecho común competentes en cada estado, con exclusión de toda jurisdicción especial, en particular la militar.

Pese a lo indicado en cuatro sentencias de la CIDH contra el Estado mexicano, e incluso de fallos recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el país la jurisdicción militar sigue siendo aplicada para investigar violaciones de derechos humanos, y aunque ya existe una iniciativa para modificar el código de justicia castrense, a la fecha no ha sido discutida.

“Sin restar importancia al retiro de la reserva –informaron las organizaciones–, el Estado mexicano debe aprobar las reformas legislativas al Código de Justicia Militar que armonicen dicho instrumento con las obligaciones internacionales, para que ningún caso en que militares sean responsables de cometer violaciones a los derechos humanos sean investigados y juzgados por tribunales castrenses”.