a moderna minería en México sigue dando de qué hablar –mal, desde luego– y cada que aparecen noticias como la publicada ayer en La Jornada, las preguntas son las mismas: ¿dónde está la autoridad responsable de garantizar el sano cuan legal funcionamiento de esta actividad?, y ¿de qué ha servido el despliegue policiaco-militar en Michoacán, iniciado por Felipe Calderón allá por diciembre de 2006, y el gasto multimillonario (cuando menos así lo presumen), si la situación, lejos de corregirse, empeora día a día?

A principios de año, La Jornada publicó que los Caballeros templarios exportan hierro a China, con ganancias multimillonarias, y que ese cártel se apoderó de la minería de Michoacán. Un mes después, por el mismo medio (Arturo Cano), se informa que en dicho estado las autodefensas son financiadas por las compañías mineras trasnacionales, mismas que, primero, “dieron apoyo a los Templarios” y ahora respaldan a las autodefensas, porque “les ayudamos a que ya les liberaran las minas, a que las abrieran, aunque mucha gente quería que las cerráramos, porque de allí salía mucha economía para los Templarios; pero ahorita ya no, ya están liberadas para que ningún Templario cobre”.

Todo ello en las narices (léase en connivencia) de la supuesta autoridad (gobiernos federal y estatal, responsables del fisco, las aduanas y los puertos), los militares y marinos y, desde luego, la Policía Federal, que sólo es efectiva a la hora de –en defensa de los intereses de las trasnacionales– reprimir brutalmente a los mineros sindicalizados. Sólo hay que recordar la golpiza que en mayo de 2010 propinó a los trabajadores en Lázaro Cárdenas porque cometieron un delito de lesa patria: exigir mejores condiciones laborales.

El negocio, pues, boyante, sea con unos o con otros (o con los dos), ya que “con la protección del cártel se dio la explotación indiscriminada de metales”, y con las autodefensas les abrimos los yacimientos, mientras controlaban transporte, aduanas y el puerto de Lázaro Cárdenas, como detalla la información de Arturo Cano publicada en La Jornada. Y como comentamos en este espacio el pasado 4 de enero, si la autoridad quisiera encontrar a los responsables no es nada complicado, pues la propia Secretaría de Economía (encargada de vigilar el sano funcionamiento de este sector) documenta que a nivel nacional Michoacán aporta, más o menos, 25 por ciento del mineral de hierro (alrededor de 4 millones de toneladas).

La misma fuente detalla que alrededor de un millón de hectáreas (poco menos de 20 por ciento del territorio estatal) han sido concesionadas a consorcios mineros, especialmente a las trasnacionales ArserolMittal Steel (que se quedó con Sicartsa, en diciembre de 2006, tras el fracaso de la privatización salinista a favor del Grupo Villacero, de Julio Villarreal Guajardo, ex socio de El Divino) y Ternium (un consorcio ítalo-argentino que se quedó con Hylsa, en un proceso similar al anterior), que son las grandes productoras de mineral de hierro en el estado. También aparecen Minera del Norte (subsidiaria de AHMSA, propiedad de Alonso Ancira, el zar del carbón en Coahuila, acusado de fraude, años atrás, por la Secretaría de Hacienda, entre otras gracias) y la también trasnacional estadunidense Pacific Coast Minerals. Entre las novedades está que en Aguililla (mina Arroyo Seco) aparece la canadiense Endeauvour Silver (la misma a la que el gobierno federal le concesionó las minas Guanaceví y Bolañitos, Guanajuato, y El Cubo, Durango, y seis proyectos adicionales).

No son muchas las empresas a investigar para encontrar responsables, pero, como era obvio, la Secretaría de Economía no movió un pelo (ni siquiera se tomó la molestia de pasar una tarjeta informativa al supuesto aparato de seguridad) y en cuestión de días las trasnacionales mineras simplemente le dieron vuelta a la tortilla: contrataron a las autodefensas (sobre las que pesa una acusación del procurador Jesús Murillo Karam, en el sentido de que son financiadas por el cártel Nueva Generación) para que les limpiaran el camino de los, a estas alturas, molestos Templarios.

Desde que en diciembre de 2006 arrancó el operativo en Michoacán, dos han sido los inquilinos de Los Pinos involucrados, y cuatro los gobernadores (Lázaro Cárdenas Batel, Leonel Godoy, Fausto Vallejo, Jesús Reyna, del 22 de abril de 2013 al 23 de octubre del mismo año, cuando retornó, por decirlo así, el propio Fausto Vallejo), y cada día que pasa la situación es peor y mayor la ilegalidad, pero no sólo de cárteles y autodefensas, sino de los corporativos mineros nacionales y foráneos que operan en el estado (que no es el único), sin que autoridad alguna se dé por enterada.

De acuerdo con la información de La Jornada (Arturo Cano), “en junio pasado, el doctor José Manuel Mireles envió a varios medios un comunicado en el cual denunciaba que la Minera del Norte, de ‘capital canadiense’, estaba financiando a los Caballeros templarios, pues les pagaba ‘protección’ a razón de 2 dólares por tonelada de mineral extraído en la zona de Tepalcatepec. Según Mireles, de las minas de Tepalcatepec la empresa extraía 10 mil toneladas a la semana, mientras en el municipio de Arteaga la cantidad era de 5 mil”.

Pues bien, en realidad Minera del Norte pertenece al Grupo Acerero del Norte, también dueño de Altos Hornos de México, cuya cabeza visible es el citado zar del carbón en Coahuila, Alonso Ancira, un voraz cuan retorcido empresario que con todo y sus raterías ha logrado sobrevivir –no de gratis, claro– a cuatro inquilinos de Los Pinos (de Salinas a Calderón) y ahora está a punto de turrón con el quinto de la serie, Enrique Peña Nieto. De acuerdo con la información de AHMSA, “con fecha primero de enero de 2010, Minerales Monclova cambió su denominación social para quedar como Minera del Norte (Minosa). Por cierto, como bien apunta el reportaje de Arturo Cano, el presidente que lanzó una ofensiva militar y policiaca en Michoacán, Felipe Calderón, paradójicamente fue el mismo que concesionó a Minera del Norte 37 mil 517 hectáreas de territorio michoacano.

Allí están, visibles, ostentosos, con nombre, apellido y dirección, pero nadie osa tocarlos, y los consorcios mineros a sus relaciones políticas han añadido sus tratos con cárteles y autodefensas. He allí la minería moderna que tanto presumen.

Las rebanadas del pastel

Ese sólo es el botón de muestra, y mientras el estado, y el país, pagan las consecuencias, el gobierno federal asegura que el problema se limita a un pleito entre Templarios y autodefensas.

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