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Obispo mexiquense demanda doblegar esfuerzos

En Morelos, migrantes y familiares exigen que se detenga castigo capital
Corresponsales
Periódico La Jornada
Lunes 20 de enero de 2014, p. 20

Integrantes de la Unión de Campesinos y Emigrantes Mexicanos, así como familiares de Édgar Tamayo Arias, se manifestaron ayer en el centro de Cuernavaca para exigir al gobierno de Texas, Estados Unidos, cancelar la ejecución del morelense, porque, aseguraron, no es responsable de la muerte de un policía, delito que se le imputa en ese país.

Los inconformes entregaron volantes en el primer cuadro de la capital del estado, el cual recorrieron con tres mantas, en demanda de que se suspenda la pena de muerte contra Tamayo Arias, programada para el próximo 22 de enero.

En la movilización participó el perredista Sergio Arias Carreño, quien es primo hermano del migrante y actual alcalde de Miacatlán, de donde es originario el acusado.

Demandó al gobernador de Texas, Rick Perry, que respete el derecho que tiene su familiar de ser sometido a un juicio justo, pues, sostuvo, es falso que haya matado a un policía estadunidense en 1994, ya que cuando eso sucedió el morelense se encontraba esposado.

Taurino Castrejón Salgado, coordinador de la Unión de Campesinos y Emigrantes Mexicanos, sostuvo que el juicio que Édgar Tamayo enfrentó fue injusto, pues no contó con asistencia jurídica ni consular, por lo que no pudo defenderse de las imputaciones que le hicieron.

Petición pastoral en Cuautitlán

En tanto, el obispo de Cuautitlán, estado de México, Guillermo Ortiz Mondragón, afirmó que las autoridades de los tres niveles de gobierno deben redoblar esfuerzos para hacer de la política migratoria una verdadera estructura que proteja los derechos humanos de los viajeros,

Dijo que al año alrededor de 400 mil migrantes, principalmente de países centroamericanos, atraviesan territorio nacional, mientras 370 mil mexicanos son deportados de Estados Unidos.

Al participar en la celebración del centenario de la Jornada Mundial del Emigrante y Refugiado, motivo por el cual ofició una misa, el prelado sostuvo que los indocumentados son presionados, agredidos y a veces secuestrados por el crimen organizado y otros que, abusando de la autoridad que tienen, los despojan de sus bienes y ultrajan.

Hay también personas que sin escrúpulos, aparentando buena disponibilidad hacia ellos, los utilizan; se presentan como sus defensores y en realidad los usan para conseguir dinero, prestigio y poder, acusó el también responsable de Dimensión Episcopal de Pastoral de la Movilidad Humana.