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Respuesta oficial a denuncia del diputado Víctor Hugo Lobo

Otorgó el gobierno a una sola empresa cinco permisos para instalar casetas telefónicas
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En el periodo legislativo anterior, el diputado Víctor Hugo Lobo denunció la instalación desmedida de cientos de cabinas telefónicas en calles y avenidasFoto Yazmín Ortega Cortés
 
Periódico La Jornada
Viernes 3 de enero de 2014, p. 28

De 2009 a 2012 el gobierno de la ciudad otorgó cinco permisos administrativos temporales revocables (PATR) a la empresa PM Onstreet, con vigencia de 10 años, que permiten el uso de 600 espacios para casetas telefónicas en la vía pública de varias delegaciones.

Un informe que entregó a la Asamblea Legislativa de Distrito Federal (ALDF) la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario del gobierno capitalino refiere que el mayor número de espacios solicitados están en Benito Juárez (142), Coyoacán (127) y Miguel Hidalgo (125).

El documento da respuesta a un punto de acuerdo del diputado Víctor Hugo Lobo Román, del grupo parlamentario del PRD, quien denunció la instalación desmedida de cientos de cabinas telefónicas en calles y avenidas de todas las delegaciones políticas, sin los permisos y autorizaciones correspondientes de las autoridades, colocadas de manera arbitraria y sin el pago de los derechos correspondientes.

El legislador advirtió que quienes pierden con esta situación, de la cual responsabilizó a la falta de control de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, encargada de revisar el emplazamiento de éstas, son las delegaciones políticas, puesto que el Código Fiscal establece un pago semestral por caseta de 923.50 pesos (tarifa actualizada a este 2014), el cual se destinará a la delegación correspondiente como recursos de aplicación automática.

El punto de acuerdo, además de pedir dicha información, requiere a las delegaciones que reclamen a las empresas los pagos que se tengan pendientes y retiren todas aquellas casetas instaladas de manera ilegal.

No se puede permitir que libremente los particulares o cualquier persona física o moral modifiquen y alteren la vía pública y/o los andadores peatonales (banquetas y guarniciones) y las áreas o accesos a rampas para discapacitados y hagan uso de la vía pública con la instalación de las casetas telefónicas, ya que están limitando a la ciudadanía y poniendo en riesgo su seguridad, apuntó el legislador.