El programa federal de transferencias no contributivas a adultos mayores 70 y Más, creado por el gobierno de Felipe Calderón en 2007, que continúa en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, contradice el principio de progresividad y no regresividad (es decir, cada vez debe beneficiar a un mayor porcentaje de la población), ya que desde el año pasado se excluyó a los adultos mayores que recibían un ingreso por jubilación o pensión, sin que haya una evaluación que justifique esa decisión, asevera la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en un análisis.

Advierte que el programa no tiene garantizada su sostenibilidad financiera y critica que su cobertura nacional se redujo a 59.7 por ciento, pese a que en 2012 se decidió ampliarlo a localidades de más de 30 mil habitantes.

Así, por los criterios de focalización del programa, más de la mitad de los beneficiarios se concentran en siete estados del país: Veracruz, Oaxaca, Puebla, Michoacán, Jalisco, Guanajuato y México. Hay casos en los que la cobertura llega a 84 por ciento, como es el caso de este último.

Contraste

Incluso, al ser comparado con el Programa de Pensión Alimentaria del Gobierno del Distrito Federal, el análisis sostiene que éste supera proporcionalmente al 70 y Más, porque el primero cuenta con un padrón de 480 mil beneficiarios y el segundo de 3 millones.

Además, el monto mensual que reciben los ancianos capitalinos, que se actualiza con el salario mínimo, duplica al del programa federal, el cual, en sus primeros seis años de existencia, permaneció en 500 pesos mensuales, indica el documento de la Cepal, que publicó hace unas semanas la sede subregional en México, el cual fue hecho por Atenea Flores Castillo.

Sobre la falta de sostenibilidad financiera del 70 y Más, lo atribuye a que es un programa de subsidios y no está concebido desde el enfoque de los derechos. Se le debe asignar, indica, un porcentaje del presupuesto que se incremente conforme lo haga la población de adultos mayores. Además, las transferencias deben indexarse a la inflación para que mantenga su poder adquisitivo y constituya un verdadero ingreso básico.

Adoptar un enfoque de derechos para este tipo de programas, que incluya los principios de independencia, participación, cuidados, autorrealización, dignidad, transparencia y sostenibilidad que queden asentados en su marco jurídico pero también en una legislación específica, señala, es un cambio de paradigma.