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Inadmisibles, las rebeliones policiales, dice el gobierno argentino
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 9 de diciembre de 2013, p. 35

Buenos Aires, 8 de diciembre.

Es inadmisible que la policía de distintas provincias repita el esquema extorsivo de Córdoba dijo en el secretario de Seguridad Nacional de Argentina, Sergio Berni, ante las rebeliones policiales que se replicaron en varias provincias, alentadas por los recientes sucesos de Córdoba.

En las última horas Berni se reunió con el gobernador socialista de Santa Fe, Antonio Bonfantti, quien después de los sucesos de Córdoba y en el marco constitucional acordó la colaboración del gobierno nacional y el envío de Gendarmería, que ya está en esa provincia.

Como un reflejo de los sucesos de Córdoba en otras cinco provincia se replicaron las rebeliones salariales de los policías, Catamarca -después de Córdoba la más violenta acción con marchas, tiros y amenazas ante la sede gubernamental- La Rioja, Neuquén, Río Negro y Santa Fe.

En último este caso el gobernador removió a una serie de altos jefes policiales por vínculos con el narcotráfico en esa provincia, e incluso recientemente su casa fue baleada.

Más allá de los reclamos salariales, que no nos compete inmiscuirnos en este tipo de temática, hay una cuestión que es verdadera: la policía de todas las provincias tienen la obligación constitucional de velar por la seguridad de cada una de las poblaciones, sostuvo Berni en declaraciones a una radio de Santa Fe.

Consideró la gravedad de que se intente repetir en otras provincias lo que calificó como un esquema extorsivo al referirse al acuartelamiento de los policías en Córdoba, que dejó indefensa a esa ciudad donde se produjeron saqueos de importantes supermercados, casas de electrodomésticos en los que han quedado registrado automóviles de alta gama participando en los robos y destrucción de locales.

El periodista especializado en temas policiales Ricardo Ragendorfer describe como aterradoras las horas vivida en la noche del pasado 3 de diciembre en Córdoba “cuando una cantidad indeterminada de jaurías humanas se lanzó a una orgía de violencia –con un saldo de mil comercios saqueados, 200 heridos y dos muertos– luego del acuartelamiento por reclamos salariales de casi tres mil uniformados locales”.

El saldo en otros daños de la noche de terror que vivió la capital cordobesa asciende a más de 300 millones de dólares.

Lo que hicieron, (los policías) más allá de los diversos reclamos, fue liberar el territorio y generaron un mecanismo de extorsión sobre el poder político donde los únicos perjudicados fueron los ciudadanos de Córdoba. Esperemos que esto no se repita en otras provincias, dijo Berni.

Ante la misma situación que amenazaba a la provincia de Santa Fe, el gobierno nacional dispuso el traslado de mil 500 gendarmes y 380 prefectos, dentro del acuerdo con el gobernador.

Detrás de la “rebelión “ en Córdoba, donde existe una de las policías que mayor cantidad de denuncias tiene por violaciones a los derechos humanos, está también lo que varios analistas denominan como el rol del narcoescándalo detrás de esas acciones policiales:

Incluso se recuerda que el gobernador De la Sota -de la derecha peronista- impuso en esa provincia una política de mano dura y ante esa orden la fuerza de seguridad provincial triplicó los casos de gatillo fácil y las detenciones de jóvenes en riesgo pasaron de 15 mil a 75 mil, aumentando un 350 por ciento las denuncias por apremios ilegales.

Existe otro debate entre ellos, sobre la sindicalización del personal, el vínculo de las corporaciones policiales con el crimen organizado y su unívoco poder de graduar el termómetro de la inseguridad, incluso con fines desestabilizadores. En ese contexto, Córdoba es un caso testigo, señala el analista Ragendorfer. Un oficial principal se suicidó hace tres mese en Córdoba ante las revelaciones de un testigo sobre el tema de la participación policial de altos jefes de Córdoba en el traslado y venta de estupefacientes, todo ellos muy ligados al gobernador.

Fueron detenidos entonces el jefe de la Dirección de Drogas Peligrosas, comisario mayor Rafael Sosa, junto a otro comisario, un oficial inspector y dos suboficiales. Se les acusó de proteger bandas de narcos y armar causas a personas inocentes. También debió renunciar el ministro de Seguridad Alejo Paredes, sospechoso de tolerar las actividades recaudatorias de Sosa y los otros policía a cambio de un jugoso porcentaje. Esto no impidió que el gobernador pronunciara palabras de elogio, el señor Paredes es una excelente persona, y yo siempre he respetado su profesionalidad policial, dijo De la Sota en una entrevista.

Es un secreto a voces que Frías y Paredes aún conservan influencia en el seno de la fuerza, al punto de seguir al frente de su línea interna más poderosa señala Ragendorfer en una fuerte investigación que involucra a otros jefes policiales.

“No debe extrañar, entonces, que en los incidentes del 3 y 4 de diciembre anide –entre otras variables de ajuste– un mensaje mafioso; un mensaje dirigido al poder político, a la justicia y a la sociedad en su conjunto”, señala el periodista

A su vez, el jefe de Gabinete nacional, Jorge Capitanich, ante la extensión de la protesta policial en el noroeste del país y la Patagonia ratificó ayer que la seguridad pública es un ejercicio estrictamente provincial y pidió a los gobernadores responsabilidad objetiva antes de otorgar incrementos salariales, como la triplicación de los sueldos básicos que firmó De la Sota para que los efectivos regresaran a la calle y desactivaran la ola de saqueos.

En la provincia de Buenos Aires, el gobernador Daniel Scioli anunció aumentos y ascensos para la policía bonaerense, mientras hay conversaciones y acuerdos en el resto de las amenazadas por huelgas policiales. Pero no hay analista que descarte que detrás de estos movimientos existe sin duda una mano negra, un proyecto de desestabilización, ante el crecimiento del poder policial, que ya ha intervenido en intentos golpistas en otros países.

Al cierre de esta edición, se registraban nuevas manifestaciones policiales en La Plata, provinciua de Buenos Aires, donde los grupos de infantería de la policía local, bloqueaban calles y se produjeron serios incidentes. En Entre Ríos, en la ciudad de Concordia, donde no existían conflictos con la policiía, esta noche se acuartelaron y comenzaron algunos saqueos, especialmente en comercios de electrodomésticos, productos electrónicos y una cadena de supermercados.