Las condiciones de pobreza y marginación a las que se somete a los pueblos indígenas en México siguen estando marcadas por la desigualdad, reflejada en la falta de acceso a la salud, la alimentación y la educación, aseguró el sacerdote dominico Miguel Concha Malo.

Al participar en el curso de investigación y docencia sobre desarrollo autosustentable, coordinado por el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Pablo González Casanova, dijo que las luchas por la autonomía han costado en los pueblos violencia extrema, con la complicidad del Estado mexicano.

Lamentó que en América Latina ser indígena equivalga a ser pobre, y que de acuerdo con algunas estimaciones, una de cada tres indígenas ha sido violada al menos una vez en su vida. Además de que debido a la tipificación de la protesta social como delito, grupos indígenas son llevados bajo arresto, criminalizados y encarcelados.

Frente a ello, el también director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria planteó, en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, que debe garantizarse el respeto y pleno ejercicio de los derechos a la libre determinación y la autonomía de los pueblos indígenas para preservar y elegir sus formas de gobierno, sus sistemas normativos y sus prioridades de desarrollo económico, social, cultural y ambiental”.

En un análisis sobre los problemas a que se enfrentan esas comunidades en un sistema económico y político que no reconoce su capacidad para autodeterminarse, lamentó que recursos aplicados en las políticas y programas públicos en México son utilizados como mecanismos clientelares y asistencialistas.

Subrayó que una grave situación es también la persistencia de límites al acceso a la justicia de los pueblos indígenas, pues carecen de una defensa adecuada, de intérpretes durante todo el proceso penal, de garantía de libertad asequible bajo fianza y persiste el abuso del plazo legal para ser juzgado.

Concha Malo apuntó que en la búsqueda del crecimiento económico desmedido, los estados coloniales y modernos construyen el desarrollo predominante sobre la reafirmación de un paradigma concretado en el siglo anterior.

Manifestó que ese desarrollo está concebido como el mero crecimiento económico sin límites, donde la acumulación del capital determina la mejora o no de los países y los estados deniegan ampliamente a los pueblos indígenas su derecho al disfrute y gestión de sus bienes naturales.

Advirtió que los pueblos indígenas son sin duda alguna una confrontación y una posibilidad para no repetir errores que nos han llevado a la crisis civilizatoria en la que nos encontramos, la cual, de seguir así, ocasionará daños irreversibles al planeta y a la humanidad.

En el curso también participó el abogado Francisco López Bárcenas, quien subrayó que uno de los graves daños a esas poblaciones es la minería, porque no respeta las áreas naturales protegidas, la siembra de maíz ni los pueblos.

Al respecto, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, dijo que en Guerrero las comunidades se han organizado en contra de esas compañías, y a ese movimiento se ha sumado la policía comunitaria.

Agregó que persiste una embestida contra los pueblos indígenas en la imposición de megaproyectos y en la creación de sus propios sistemas normativos y de justicia. A sus habitantes se les sigue vilipendiando y criminalizando.