Cuernavaca, Mor., 6 de noviembre.

Agentes ministeriales de la Procuraduría General de República (PGR) y unos 150 habitantes de la comunidad Santa Catarina, municipio de Tepoztlán, detuvieron el sexto desalojo que comuneros de Tejalpa, municipio de Jiutepec, y unos 500 policías estatales pretendían realizar para recuperar la reserva natural El Texcal.

Comuneros, jóvenes encapuchados y policías estatales quemaron y destruyeron alrededor de 12 viviendas, entre ellas cinco de ladrillo y cemento, pese a que los afectados mostraron una suspensión emitida por el juez tercero de distrito y advirtieron que gente pesada los defendería.

La destrucción de casas continuó hasta las 11:50 horas, cuando llegó una camioneta de doble cabina de la Policía Federal ministerial. Uno de los tres tripulantes se identificó ante los agentes estatales y les preguntó si tenían una orden de desalojo, a lo que un agente contestó que no. El federal preguntó quién estaba a cargo del desalojo, y los uniformados respondieron que era la subsecretaria operativa de Seguridad Pública, Nora Rebeca Romero Velázquez.

La funcionaria no se presentó; sólo ordenó la retirada porque los precaristas llevaban piedras y palos. Los policías estatales se marcharon, mientras los vecinos de Santa Catarina los llamaban cobardes y corruptos.

Antonio, colono de Santa Catarina, afirmó que sus vecinos decidieron enfrentar a los policías y comuneros de Tejalpa después de cinco desalojos en los cuales se expulsó a 360 familias de El Texcal, reserva que abarca territorio de los municipios de Jiutepec y parte de Tepoztlán.

Otros afectados señalaron que que el gobernador Graco Ramírez y la alcaldesa de Jiutepec, Silvia Salazar, ordenan sacarlos como si fuéramos animales, pese a que compraron sus terrenos de buena fe a comuneros de ambos municipios.

También recordaron que, cuando eran candidatos, el mandatario y la edil les entregaron dádivas en sus viviendas para que votaran por ellos, y ahora ordenan echarlos sin orden de desalojo.

Los vecinos de Santa Catarina dijeron que llamaron a los policías federales ministeriales para que los apoyaran y exigieron al gobernador perredista que acabe con los desalojos, porque la mayoría de los habitantes son gente de escasos recursos que no tiene adónde ir.