on la novedad, según el director general de Pemex, de que la inversión en refinerías es cuestionable hoy en día, y lo es, dijo Emilio Lozoya Austin, porque hay capacidad instalada en exceso a nivel mundial, de tal suerte que la paraestatal evalúa todas las opciones sobre la mesa desde el punto de vista de la rentabilidad. En pocas palabras, de acuerdo con el funcionario, México mantendrá la costosísima (en términos económicos y de seguridad energética) cuan creciente importación masiva de petrolíferos, simple y llanamente porque la refinación no es negocio, no es rentable.

Aunque no es la primera vez que escuchan un posicionamiento como el descrito, las trasnacionales petroleras que zopilotean a Petróleos Mexicanos –entre cuyos suculentos negocios destaca el de la refinación– quedaron felices con el pronunciamiento de Lozoya Austin, y se frotan las manos pues el mensaje es claro y ratifica la práctica gubernamental: la fábrica mexicana de petrodólares seguirá al servicio de las empresas foráneas dedicadas, entre otras cosas, al cuestionable negocio que no es rentable (director de Pemex dixit), el cual –sólo en la docena trágica blanquiazul y en el primer semestre de Peña Nieto– les significó ingresos por más de 173 mil millones de dólares por la venta de productos refinados al país.

Para ser un asunto que no es rentable, 173 mil millones de dólares en 12 años y medio es un mundo de dinero (y una brutal sangría al erario), de tal suerte que lo primero que hay que preguntar es ¿para quién no es negocio?, porque es obvio que las trasnacionales dedicadas a la refinación petrolera dirán todo lo contrario. El monto citado es el que México pagó entre enero de 2001 y la primera mitad de 2013, pero habrá que sumar las erogaciones realizadas en los otros 18 años del circuito neoliberal (más tres del último presidente de la Revolución, JLP), pues la refinería más joven del Estado mexicano data de 1979.

Lo dicho por Lozoya Austin no es novedad. De hecho, el discurso de que la refinación no es negocio ni rentable viene desde el arranque mismo del gobierno de Miguel de la Madrid (inicio de la intentona privatizadora del oro negro nacional), pero el antecedente inmediato –si la memoria no falla– es el aportado por otra joya de la tecnocracia autóctona, que en tiempos de Felipe Calderón despachó en la oficina principal de Petróleos Mexicanos, es decir, Juan José Suárez Coppel, quien cerca ya del cierre sexenal aseguró que sería un grave error construir refinerías en el país, pues no es financieramente un buen negocio.

Pues bien, un recuento de los daños permite calibrar para quién no es negocio ni es rentable la refinación de petrolíferos y su venta a terceros. En los gobiernos panistas de Fox y Calderón, más los primeros seis meses de Enrique Peña Nieto (todas las cifras son de Pemex), de las arcas nacionales (léase de los bolsillos de los mexicanos) salieron 173 mil 154 millones de dólares (alrededor de 15 por ciento del producto interno bruto a precios actuales) para la importación de petrolíferos.

Como se ha comentado en este espacio, con dicho monto y en igual periodo, fácilmente se habrían construido no menos de tres grandes refinerías del Estado de gran capacidad, erradicando así la importación de carburantes y la tremenda dependencia externa. Y sobraría una enorme cantidad de recursos para atender otros pendientes. Pero no fue así: el gobierno optó por engordar las alforjas de las trasnacionales, para quienes obviamente sí es negocio, y de altísima rentabilidad. No así para el Estado mexicano.

Con Vicente Fox en Los Pinos, México importó gasolinas, diesel, combustóleo y demás petrolíferos por 3 mil 656 millones de dólares; seis años después, la cifra se elevó a 10 mil 29 millones de billetes verdes. Por este concepto en el sexenio se erogaron 30 mil 254 millones de dólares, un crecimiento sexenal de 175 por ciento.

Con Felipe Calderón en el mismo sitio, se importaron petrolíferos por 15 mil 797 millones de dólares en 2007; seis años después, el monto ascendió a 29 mil 556.5 millones, es decir, un incremento de 87 por ciento en el periodo. El 18 de marzo de 2008 este personaje anunció la construcción de una refinería (la Bicentenario, en Tula, Hidalgo), misma que nunca trascendió el discurso. Cinco años después de tal refinería no se ha colocado ni un tornillo, y ahora se anuncia (Pedro Joaquín Codwell) que su construcción estará supeditada a la aprobación de la reforma energética.

Con Enrique Peña Nieto la situación no se ha modificado: en su primer semestre como inquilino de Los Pinos, México importó petrolíferos por 12 mil 603 millones de dólares. De mantenerse ese ritmo, cerrará el año con más de 25 mil millones destinados a tal fin.

Así, en 12 años y medio más de 173 mil millones de dólares salieron del erario para pagar la importación de petrolíferos, y en ese periodo no se construyó una sola refinería del Estado para atemperar importaciones y dependencias, pero ahora funcionarios de la Secretaría de Energía promueven que cualquier empresario, mexicano o extranjero, podrá construir y operar refinerías en México si es aprobada la reforma energética propuesta por el presidente Peña Nieto, es decir, abren las puertas de par en par e invitan al capital privado a participar en algo que desde hace 30 años los funcionarios rechazan por no ser negocio, ni garantizar rentabilidad.

Y es precisamente que por la misma ruta y con idéntico discurso en las últimas tres décadas terminaron privatizados, y en no pocos casos extranjerizados, bancos, aerolíneas, ferrocarriles, satélites, telecomunicaciones, puertos y aeropuertos, ingenios azucareros, fertilizantes, empresas mineras, cementeras, textileras, hoteleras, refresqueras, papeleras, siderúrgicas, químicas y petroquímicas, armadoras, electricidad, gas, tendido de fibra óptica, y lo que se quede en el tintero, es decir, todo aquello que no es negocio, y mucho menos rentable.

Las rebanadas del pastel

Si de saqueo se trata, allí están los consejeros salientes del Instituto Federal Electoral, quienes se sirvieron con la cuchara grande: se van con un estímulo de 4.6 millones de pesos por cabeza (y no es bono de marcha, explicó Leonardo Valdés Zurita, uno de los que pasa a retiro), sin considerar los incuantificables daños que dejan a la nación por su lamentable paso por la institución otrora ciudadana.

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