especto a los impuestos al consumo IVA e IEPS, el proyecto de reforma propone múltiples cambios y ajustes, de los cuales seleccionamos para opinión los siguientes:

EN RELACIÓN AL IVA

Establecido en los años setenta, hacia 1980 la base gravable del Impuesto al Valor Agregado era del 72% (proporción gravada del consumo), base que en los años subsecuentes fue erosionada hasta el 54% actual con la adopción de múltiples regímenes especiales y por la aplicación de una tasa reducida para la zona fronteriza norte. Al efecto la iniciativa propone:

1) Eliminar la tasa preferencial fronteriza y empatar su tasa actual del 11% con el 16% general del país. Tal igualación la consideramos procedente por las siguientes razones:

a) El IVA es un impuesto lineal y acumulativo. Aplicar una tasa regional (horizontal) diferenciada lo desvirtúa, introduce una gran complejidad administrativa, eleva los costos de fiscalización, y permite una alta evasión.

b) El principal elemento justificativo que en su origen tuvo el trato preferencial: un aislamiento relativo del resto del país, ya no existe, y

c) El principio de igualdad y/o equidad tributaria para toda la población no da margen en la actualidad para un trato diferenciado en la zona fronteriza.

Otra posibilidad sería, desde luego, bajar el IVA general al 11%, y quedar así todos contentos y competitivos.

2) Gravar las importaciones temporales.- Dado que las maquiladoras ya inundaron al país, consideramos correcto eliminar la exención del IVA a la introducción temporal de mercancías.

3) Eliminar la tasa "0" aplicable a extranjeros que ingresen al país para participar en congresos, convenciones, exposiciones o ferias.- Consideramos esta exención del IVA en alojamiento, trasportación, alimentos, bebidas, uso de auditorios y servicios asociados como totalmente descabellada desde su origen, inmanejable, y desde luego insostenible en la actualidad.

Improcedentes por su afectación a un enorme número de familias y personas, consideramos las siguientes propuestas:

1) Eliminar la exención del IVA a la compra, renta y pagos de hipoteca de casas habitación, ya que encarecería el costo de la vivienda, un satisfactor básico, para personas y familias de todos los estratos sociales, la mayoría con una situación económica estrecha o abiertamente precaria.

2) Eliminar la exención del IVA a los servicios de enseñanza, ya que equivaldría a elevar de golpe 16% los costos - de suyo muy elevados en general - de las colegiaturas en los planteles privados de enseñanza, a los cuales recurren no sólo los segmentos de muy alto ingreso sino muchos del nivel medio, tanto por la insuficiencia de planteles públicos y las deficiencias en muchos de ellos, como por el arraigado empeño de la mayoría de los padres y madres de familia en dar a sus hijos lo que consideran "la mejor educación posible", objetivo al cual destinan con gran esfuerzo parte considerable del ingreso familiar.

Mucho más atinado y justo sería que todos los planteles privados de enseñanza pagaran el Impuesto sobre la Renta (ISR) como cualquier empresa, ya que sus utilidades llegan a ser muy elevadas.

3) Eliminar la exención al servicio de transporte público foráneo de pasajeros nos parece también inadecuado e inoportuno pues este tipo de transportación es básico - y muchas veces único - para la movilidad interurbana de millones de personas de ingresos medios y bajos. Con el sobregravamen a los automovilistas ya es suficiente.

EN RELACIÓN AL IEPS

Para el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la iniciativa propone:

1) Mantener (no disminuir como estaba acordado) en 26.5% la tasa del IEPS a la enajenación e importación de cerveza y bebidas con contenido alcohólico de hasta 14º GL, y en 53.0% la tasa para bebidas con 20º GL o más). No se aclara qué gravamen se aplicará a una bebida de entre 14º y 20º GL.

Estos altos impuestos (Gráfico 4) que, se argumenta, son para desalentar el consumo dañino y proteger la salud, no sirven ni para lo uno ni para lo otro, y en los hechos terminan siendo simplemente recaudatorios y de alto impacto en los deciles bajos.

2) Establecer un nuevo gravamen de un peso por litro a las bebidas saborizadas (refrescos) así como a los concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, por litro de bebida preparada.

También en este caso el argumento es la protección de la salud, justificación falaz para sobregravar productos que la población consume por muchas razones. México ha sido un país refresquero desde siempre y nunca fuimos un pueblo de obesos y diabéticos, disfunciones que se han acentuado en el país en el último cuarto de siglo con la importación de alimentos alterados y la adopción de formas nocivas de producción. Ahí - en la calidad y sanidad del agua y los productos alimentarios - es donde el gobierno tiene la responsabilidad de poner orden, y brindar información objetiva a la población. No nos protejan con impuestos,... sale muy caro.

3) Establecer nuevos impuestos diferenciados a los combustibles fósiles (gasolinas, gas. diesel, combustóleo, carbón, coque y otros) según su contenido de carbono, con la finalidad de inducir la adopción de tecnologías más limpias en la producción de bienes y servicios. Si bien los contribuyentes del impuesto serán los fabricantes, productores e importadores, queda por ver su efectividad y el impacto que tendrán tales impuestos en los precios al consumidor final.

4) Aplicar un impuesto a los plaguicidas tóxicos, con tasas diferenciadas según su nocividad. Esta plausible medida para incentivar el cambio a un manejo biológico de plagas tiene el pequeño defecto de olvidar: a) que México no es Suecia, Dinamarca o Noruega; b) que los productores del campo están copados por las empresas de agroquímicos, y c) que el acceso a técnicas y productos para el control biológico de plagas es prácticamente inexistente en grandes regiones del país.

Por lo anterior, sin alternativas reales (que primero deben crearse), imponer gravámenes a los plaguicidas tóxicos no induce a ningún cambio sino sólo a encarecer la contaminación actual. De hecho, al hacer accesibles alternativas biológicas eficientes y sustentables, los plaguicidas tóxicos no degradables no sólo deben "desalentarse" sino prohibirse.

RÉGIMEN FISCAL DE PEMEX

Especial mención merece la iniciativa para una nueva Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, que en esencia busca desaparecer el actual régimen especial de Pemex en materia fiscal (de alta aportación al erario vía derechos y dotación de recursos por la vía presupuestal) y aplicarle un trato de empresa privada con menor aportación fiscal, altas utilidades propias, pago del ISR, e ingresos por regalías (cobro a empresas privadas por las "asignaciones" de exploración y extracción de hidrocarburos en proporción a sus ingresos por ventas) y por "utilidades compartidas" con esas empresas privadas.

Claramente en línea, como se ve, con la reforma energética gubernamental para convertir a Pemex en repartidor de "asignaciones" (concesiones), contratos de utilidades (y derechos) compartidos, y para abrir al capital privado toda la cadena productiva del petróleo y el gas, esta iniciativa de cambio fiscal debe ser, así mismo, rechazada por los legisladores si no quieren hacerse cómplices del mayor despojo a la Nación desde la anexión por Estados Unidos de la mitad de nuestro territorio.

Reformar a Pemex y la CFE es ciertamente necesario, pero siempre en el interés de la Nación y dentro de los márgenes actuales de la Constitución, y el primer paso sería - como hemos anotado (REc 02/sept/2013) - diseñarles una nueva estructura administrativa bien pensada, autónoma del gobierno, profesional, eficiente, honesta, estable y sólo comprometida con dar al país resultados óptimos.

Entonces será el momento de analizar mejoras o cambios al régimen fiscal de Pemex, no antes, y menos en el sentido propuesto por el gobierno.

COROLARIO

Abrumador va a ser para el Congreso legislar sobre todo lo propuesto. Ojala se discrimine sabiamente lo más importante.

1) El país requiere captar para uso público una parte sustantiva del ingreso altamente concentrado que no se está invirtiendo bien en México, sino yendo al exterior y al despilfarro. Los empresarios productivos merecen reconocimiento, pero ellos también deben aportar proporcionalmente al país para un equilibrio social que sustente la convivencia.

2) Hace falta analizar un impuesto a los movimientos financieros y al alto consumo.

3) Esta captación deberá canalizarse escrupulosamente a la inversión pública productiva y estratégica (energía, agua, vías de comunicación, riego,...) que genere crecimiento y empleo; y a la inversión social (educación, salud, seguridad social y servicios básicos). Ni el gasto improductivo, ni el dispendio, ni los sueldos desproporcionados, ni mucho menos la corrupción son ya tolerables.

4) Empleo productivo y autosustentación de los hogares es el objetivo. El gasto social a fondo perdido es por ahora necesario, pero no debemos hacerlo inercia que subsidie la pobreza en vez de erradicar ésta atacando sus causas. (Saúl Herrera Aguilar)

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