l presupuesto de egresos es una declaración política del gobierno. Lo es en una forma esencial pues está soportada por la consecución de los recursos necesarios y, sobre todo, por su asignación para conseguir los fines consignados en las políticas públicas. En este caso, la meta general de la política hacendaria para 2014 se postula como una gran reforma social que acelerará el crecimiento y la estabilidad económica, y garantizará a todos los mexicanos una red de protección social. Un nuevo sistema hacendario: justo, simple, transparente y federalista.

No es este un ofrecimiento menor. Los medios que se proponen para logarlo generan fricciones entre los agentes sociales pues representan una transferencia de recursos del sector privado y social hacia el gobierno. Para los consumidores, inversionistas, trabajadores –sean formales o no, sindicalizados o no– y para los empresarios más pequeños hay repercusiones derivadas de los impuestos, derechos, aprovechamientos y precios públicos que alteran la forma de generar los ingresos de las familias y los negocios y su uso. Hay, igualmente, una reasignación de fondos ya existentes (por ejemplo en el caso de las aportaciones fondos de vivienda de los asalariados).

Hay en esta propuesta fiscal una transferencia que significa un aumento de los ingresos públicos equivalente a 1.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 2014 (alrededor de 240 mil millones de pesos), que deberá alcanzar hasta 3 por ciento en 2018. Se ampliaría la capacidad de gasto del gobierno, aunada al mayor endeudamiento público y del déficit. Se pide ya un déficit este año de 0.4 por ciento del PIB y 1.5 en 2014.

Se trata de un presupuesto de egresos muy elevado (4.5 billones de pesos, casi 26 por ciento del PIB y 9.2 por ciento más que en 2013). Pero la magnitud no garantiza en principio que su uso sea más eficiente y que se compense el menor estímulo de la actividad privada con el gasto público. Las políticas keynesianas de generación de demanda agregada por la vía de este gasto no operan automáticamente ni se asocian linealmente tienen con su magnitud. Creerlo así es un error craso. Se trata de los efectos productivos que se provocan y su duración; así que no es cosa de satanizar el gasto del gobierno como una cuestión instintiva, tampoco de ensalzarlo sin cuestionamientos. Se trata de compaginar las necesidades específicas de un sistema definido explícitamente como una economía de mercado.

Para cumplir con las metas de la recaudación fiscal se debe llegar a las metas de crecimiento del producto y del empleo, pues los ingresos dependen del nivel de la actividad económica. Entre 2014 y 2019, las estimaciones oficiales son de un aumento del producto por encima de 3.5 por ciento en promedio anual. Esto no sólo no ha ocurrido en los últimos 30 años, sino que ya las previsiones de crecimiento en 2013 están muy disminuidas y los niveles de ingreso serán menores y con ello la base de la recaudación. Las necesidades de la reproducción social y económica, en cambio, aumentan.

El gasto público en el marco de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos que habrá de aprobar el Congreso, deberá ser realmente muy atinado y elevar el nivel de la productividad del sistema económico en su conjunto. Además deberá cumplir los objetivos recaudatorios para poder alcanzar la metas redistributivas que se han planteado, como son las pensiones universales y el seguro de desempleo. Estos abarcan una parte apenas del problema de la desigualdad social. No debe olvidarse que 60 por ciento de la población económicamente activa está en la informalidad. Los estímulos para la formalización son inciertos en el corto plazo. Los esquemas de protección social necesitan de un fondeo suficiente y permanente, Ahí hay serias dudas y no se puede compensar con un endeudamiento público creciente. Crear mecanismos de distribución social que fracasen es una opción política poco prudente.

El aspecto recaudatorio de la política fiscal es claro y necesario. El asunto es que las fuentes tienen que vincularse con sus efectos. Son distintos los impuestos a las bebidas azucaradas , a las rentas, las hipotecas o las colegiaturas, de aquellos a las inversiones o las medidas de índole laboral que afectan a las utilidades de las empresas y a las prestaciones de los trabajadores. El impacto en las empresas pequeñas y medianas es diferente de las más grandes que consolidan sus actividades (en este caso se trata de la capacidad de diferir impuestos por las pérdidas de unos negocios de los grupos que consolidan). Del mismo modo deben plantearse las medidas para gravar las utilidades en el mercado de valores dentro de la estrategia más general de la iniciativa de reforma financiera y aumento del crédito que también está ya en el Congreso.

Hacer política económica es, como bien decía Charles Kindleberger: un arte. Los es más en una sociedad tan desigual en sus ingresos, condiciones de vida y oportunidades de la población. Y si este arte representa una cierta capacidad técnica no debe olvidarse su verdadera naturaleza. Este aspecto tiene que ser constantemente valorado so pena de caer en una descomposición sin freno.