La Procuraduría General de la República (PGR) impugnará la resolución judicial a través de la cual el juzgado cuarto de distrito en materia de amparo consideró que había fallas en las acusaciones en contra de Elba Esther Gordillo Morales y tres de sus coacusados por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La dependencia que dirige el procurador Jesús Murillo Karam consideró que para su resolución el juez utilizó argumentos endebles y sin consistencia jurídica, pues ponderó equivocadamente irrelevancias formales por encima de las pruebas y hechos acreditados en el ejercicio de la acción penal.

La posición de la PGR fue dada a conocer horas después de que el Consejo de la Judicatura Federal emitiera un comunicado de prensa en el cual informó los amparos otorgados a Elba Esther Gordillo y sus coacusados.

Ante la información difundida, la PGR consideró que la razón de existir del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) es, entre otras cosas, la de revisar la debida actuación de los jueces federales y no pretender justificarla (...) El boletín emitido por dicha autoridad afecta la imparcialidad a la que está obligado este órgano y afecta las acciones a que tiene derecho el Ministerio Público Federal.

En cuanto a la acusación por operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra de José Manuel Díaz Flores, Elba Esther Gordillo Morales e Isaías Gallardo Chávez, resaltó que la averiguación previa integrada en este caso cumplía cabalmente con los requisitos legales necesarios para que la PGR pudiera proceder penalmente contra estas personas, y aseguró que la denuncia fue interpuesta el 14 de febrero, 12 días de que Gordillo Morales fuera detenida en el Aeropuerto Internacional de Toluca.

El juez de amparo considera que existió una deficiencia técnica en la integración de la averiguación previa atribuible a la PGR. Contrario a lo erróneamente señalado por el juez, la PGR demuestra fehacientemente que sí se cumplió con el requisito de procedibilidad señalado por la ley, de lo que existen ésta y otras pruebas claras, suficientes y contundentes en el expediente de la causa, lo que se demostrará plenamente ante el Tribunal que revise la deficiente sentencia judicial referida.

Respecto de la acusación por delincuencia organizada, la PGR señaló que el juez Francisco Javier Sarabia Ascencio, únicamente concedió el amparo para el efecto de que el juez sexto de distrito de procesos penales federales en el Distrito Federal precise la conducta atribuida a cada uno de los indiciados sin que signifique la inexistencia del delito.