El grupo del Partido Verde Ecologista en la Cámara de Diputados pretende, con el respaldo del PRI y el PAN, elaborar una solicitud de juicio político contra el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, por la supuesta omisión de su responsabilidad al permitir la instalación de los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el primer cuadro de la capital y no usar las opciones represivas que tiene la autoridad en la ciudad de México.

Sin ventilarlo públicamente y consultando al PRI, el Verde serviría de ariete contra la autoridad capitalina, que ha recibido en los últimos días el respaldo de la ciudadanía por no haber utilizado la fuerza pública para reprimir al sector del magisterio independiente que reclama participar en la construcción de la reforma educativa.

Temor fundado

Roberto López Suárez, diputado del PRD, acusó que el esfuerzo de los verdes es improcedente, porque a todas luces busca minar la actuación honesta del gobierno de la ciudad; tanto PVEM como PRI y PAN tienen un temor fundado en que la actuación de Mancera eclipse el trabajo de otros gobernadores de esos partidos e incluso del propio Presidente de la República. Tratan de orillar al Gobierno del Distrito Federal a utilizar las armas de la represión y el garrote. Estamos seguros de que la administración de la capital no caerá en esa provocación.

Adelantó que mañana lunes él y sus compañeros Carlos Reyes Gámiz, José Luis Muñoz Soria y Carmen Quiroga interpondrán una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra los gobernadores del estado de México, Eruviel Ávila, y de Oaxaca, Gabino Cué, porque pretenden con su actitud deliberada causar daños a la imagen del gobierno de la ciudad de México. Y si a esto sumamos que la misma CNDH se ha dejado engatusar por Mariana Gómez del Campo (senadora panista y sobrina del ex presidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala), se descubre la trampa que pretenden aplicar a Mancera, generando una campaña mediática de linchamiento contra él y su administración, enarbolando el ominoso argumento de que no ha utilizado a las fuerzas del orden para reprimir a los ­profesores.

Aleida Alavez, vicepresidenta de la mesa directiva, consideró también que la actitud del gobierno de la ciudad se debe ponderar porque enarbola el argumento del diálogo para resolver los problemas, por más profundos que éstos sean.

Hemos escuchado que se producen y se multiplican en la mayoría de los medios de comunicación las voces que abogan por la represión. Nosotros vamos a seguir acompañando la postura del diálogo, de la negociación, para evitar acciones represivas. Si se llega a tomar una decisión equivocada de implementar acciones de violencia contra los manifestantes, en este caso los maestros de la CNTE, estaremos viendo el inicio de un régimen que aplicará, antes del entendimiento y la razón, la violencia para acallar las voces disidentes. En este caso nosotros, los diputados del PRD en San Lázaro, no acompañamos la voz de Jesús Zambrano (presidente del PRD), quien anunció que es necesaria la aprobación del tercer dictamen de la ley reglamentaria en materia educativa, concerniente a la Ley del Servicio Profesional Docente. Está absolutamente equivocado y no entiende que se está jugando el país cuestiones muy serias.