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Dispone 15 brigadas en diversas zonas

Vigila CDHDF actuación de autoridades en marchas
 
Periódico La Jornada
Sábado 31 de agosto de 2013, p. 26

Con 15 brigadas, integradas por visitadores y personal administrativo, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) vigila desde ayer la actuación de las autoridades en las movilizaciones de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

El ombudsman capitalino, Luis González Placencia, señaló que solicitaron al Gobierno del Distrito Federal que nos permita documentar con libertad la actuación de la autoridad, porque es muy importante tener elementos de primera mano que nos permitan hacer una valoración sobre su actuación.

Hasta el momento, la Comisión de Derechos Humanos ha recibido 50 inconformidades, vía correo electrónico, por los problemas que han generado los plantones y movilizaciones del magisterio en la ciudad, las cuales, luego de su análisis, se determinará si se procesan como quejas.

Ayer, por medio de un comunicado, el órgano autónomo informó que este fin de semana desplazó, en distintos puntos de la capital, observadores que vigilarán que se respeten los derechos y la integridad de los distintos actores implicados en las referidas movilizaciones.

Recordó que la responsabilidad del organismo es estar al pendiente del deber del Gobierno del Distrito Federal para que se privilegie el diálogo y la concertación, antes de realizar cualquier intervención policial.

A raíz de que se agudizó el conflicto, con el bloqueo de las vías de acceso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la CDHDF emitió medidas precautorias por medio de las cuales señala que “en caso de suscitarse algún conflicto derivado de las protestas de la CNTE y personas que participen, es necesario privilegiar –tomando en consideración los derechos de los manifestantes así como de la sociedad en su conjunto– los métodos y acciones de disuasión, sensibilización y diálogo”.

Dijo que antes de decidir utilizar la fuerza pública, se debe recurrir a medios no violentos para salvaguardar la integridad física de las personas, los servidores públicos y los bienes, tanto públicos como privados.