a isla sagrada de Tatei Haramara, en las mejillas del mar Pacífico en San Blas, Nayarit, igual que el desierto de Wirikuta en San Luis Potosí y las montañas de la sierra Madre Occidental en Jalisco y Durango donde viven hace siglos, representa un frente de resistencia para los wixaritari, pueblo ejemplar y paradigmático para México y las Américas (donde pugnan otros grandes pueblos-paradigma), y necesario para el mundo. En ellos, pensamiento y acción van juntos, partes de un mismo genio de pueblos. No es metafórico decir que defienden (responsables, valientes, y pacíficos) nuestras tierras y mares, sus entrañas y laderas. ¿Qué sería del país si no existieran mexicanos como los wixaritari? Son guardianes. Como en lo suyo los zapatistas del sureste. Como los yaqui de Cajeme. No estamos solos, los tenemos a ellos.

La mitología viva de los wixaritari hace que su geografía profunda trascienda límites estatales y regionales, lo que en tiempos como los actuales posee más sentido que las lógicas extractivas, mercantilistas, represivas y racistas que rigen al Estado mexicano y sus infinitas correas de transmisión corruptas, su propaganda, la depredación de nuestras leyes a punta de reformas estructurales vergonzosas y la fabricación criminal de discordias en las comunidades.

El Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta lucha también por Tatei Haramara. Ya apeló a la presidencia de la República (sello de recibido: 9 de mayo de 2013) y las secretarías de Gobernación, Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu). En una carta clara y digna, impugnó una acción inminente del Ejecutivo: la entrega de una porción simbólica de la Isla del Rey a la Unión Wixárika de los Centros Ceremoniales de Jalisco, Durango y Nayarit AC, agrupación sin verdadera representatividad, reciclada ad hoc por la Comisión para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI) para disfrazar un despojo en beneficio de empresas turísticas, en un territorio sagrado más amplio que el entregado con pompa y circunstancia el 9 de agosto por el titular de Sedatu Jorge Carlos Ramírez Marín y todos los funcionarios federales y estatales que les cupieron por ahí. Su homenaje al indio fue una burla ante lo que demagógicamente se presentó como representantes de las etnias de todo el país. Cuando en México se habla de etnias hay que llevarse la mano a la cartera.

La carta desoída por el Ejecutivo solicitaba una consulta sobre la desincorporación que hizo Semarnat del régimen de dominio público de la federación de terrenos ganados al mar, y autorizó la enajenación a título oneroso en favor de Desarrollos Turísticos del Rey y Desarrollo Turístico Aramara, en un trámite a espaldas de las comunidades de los centros ceremoniales, sus jicareros, presidentes de los jicareros, autoridades civiles, tradicionales y agrarias. Mediante irregularidades solapadas por el Ejecutivo, se entregaron a una asociación que nunca ha defendido de manera eficiente a las comunidades, sino que ha estado bajo el mandato de la CDI, y que legítimamente no representa al pueblo wixárika; sin embargo, el Estado la ha legitimado y ha hecho creer engañosamente a los centros ceremoniales que es la instancia que los representa.

Dicha unión recibió a nombre de todos los huicholes (Sedatu dixit, irrespetuosamente) 3.5 hectáreas, cuando desde los tiempos inmemoriales hemos resguardado toda la isla de Haramara. A pesar del significativo desacuerdo, la CDI se encargó de acarrearlos para ser testigo del fraude, adelantaron desde el 29 de junio las autoridades agrupadas en el Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta. Preocupados por los embates contra nuestro patrimonio e identidad cultural y determinados a consolidar su proceso organizativo y hacer valer sus derechos fundamentales, consideran necesario que éstos se respeten tal como los estipulan nuestra Carta Magna y los convenios internacionales. Su pronunciamiento reitera que más allá de las agrupaciones y asociaciones habidas y por haber, las comunidades que conformamos el pueblo wixárika mantenemos la unidad en una sola voz.

En torno a Tatei Haramara exigían una consulta previa, libre e informada, de acuerdo con las formas en que tradicionalmente tomamos las decisiones las comunidades que conformamos el pueblo wixárika, antes de enajenarse en perjuicio de pueblo, pues se debe proteger toda la Isla del Rey y no sólo las fracciones pequeñas que han señalado las dependencias. La elaboración y operación de cualquier proyecto o programa tendiente a nuestra cultura ha de ser autorizado por las asambleas comunitarias. Para las problemáticas de cultura y lugares sagrados, solicitaban enfáticamente que no intervenga la CDI, pues la competencia es del pueblo wixárika. El gobierno de Enrique Peña Nieto no hizo ningún caso. Respondió con alharaca mediática y mentiras, otra vez.