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Un juez del fuero común debió encargarse del caso, señala

Un error de procedimiento, base para excarcelación del capo: abogado
Corresponsales
Periódico La Jornada
Sábado 10 de agosto de 2013, p. 4

Guadalajara, Jal., 9 de agosto

Este asunto no debió haber sido llevado por un juez federal sino por uno del fuero común, pues Rafael Caro Quintero no era diplomático ni agente consular que justificara que fuera procesado en instancias federales, explicó José Luis Guízar Abarca, quien fue abogado del capo durante los primeros años en que estuvo preso.

Guízar Abarca dijo que el equipo legal de Caro Quintero basó en ese error de procedimiento su estrategia legal, porque en el tiempo en que fueron asesinados Enrique Camarena Salazar, agente de la DEA, y el piloto aviador Alfredo Zavala Avelar, no eran funcionarios estadunidenses, sino ciudadanos comunes y, por tanto, tales hechos debieron ser resueltos en el fuero común, no en el federal.

Dijo que tal equivocación fue aprovechada por los abogados de Caro Quintero, quienes al final se dieron cuenta de ello y lograron la resolución que liberó al sinaloense preso desde hace 28 años.

La sentencia que se había dictado era por homicidio. Se combatió, en este caso, no el fondo del asunto sino el hecho de que un juez federal vio el caso y no uno del fuero común, con base en que los occisos eran simples ciudadanos, ya no eran funcionarios de la embajada, insistió.

Por otro lado, además de la solicitud de extradición que según la DEA existe contra Caro Quintero, quien abandonó por la madrugada, sin reflectores ni problemas, el penal estatal de Puente Grande, Jalisco, las acciones recientes del gobierno de Estados Unidos parecían preparar su nueva detención una vez que fuera puesto en libertad.

La principal fue el boletín enviado meses atrás por la DEA en busca de volver a detener al narcotraficante para su eventual extradición, pero también el anuncio de la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que en junio consignó dentro de la Ley Kingpin a 18 individuos, entre ellos Héctor Rafael, Roxana Elizabeth, Henoch Emilio y Mario Yibrán, hijos de Caro Quintero, además de su esposa María Elizabeth Elenes y su nuera Dennisse Buenrostro Villa.

En diciembre, la DEA emitió lo que llama alerta internacional, en la que solicitaba la detención de Caro Quintero ante su posible libertad, alertados por el giro que tomaba la estrategia del cuerpo de abogados defensores.