La agresión a migrantes, atrapados por bandas del crimen organizado, ha alcanzado niveles alarmantes, revela un informe del Instituto Nacional de Migración (INM).

Los indocumentados que transitan por las franjas fronterizas son objeto no sólo de secuestros o extorsiones, sino de torturas e incluso violaciones tumultuarias.

Algunos de estos rasgos han sido denunciados desde años atrás por organizaciones civiles, aunque ahora las autoridades federales reconocen el nivel de agresividad que han tomado los ilícitos, sobre todo en las regiones límitrofes del sur.

El más reciente reporte se dio esta semana en Huixtla, Chiapas, en la zona conocida como La Arrocera. Ahí, una joven (Herminda Villegas Torres, de 22 años) enganchaba a los migrantes, bajo la promesa de que por 400 pesos por persona los ayudaría a avanzar en esta ruta.

Una vez atraídos los indocumentados, la mayoría procedentes de Centroamérica, los entregaba a su cómplice y presunta pareja (José Antonio Hidalgo Cruz, de 57 años, ambos mexicanos), quien los conducía al interior del Rastro Frigorífico del municipio, donde ya los esperaba un grupo de delincuentes que los atacaban, sometiéndolos a vejaciones, violaciones y torturas, señala el reporte interno del INM al que este diario tuvo acceso.

Los agentes migratorios afirman que, para este caso, hubo una coordinación con las autoridades de justicia de Chiapas a través de las denuncias que han recibido de los migrantes y de organizaciones sociales.

El punto de los asaltos, secuestros y violaciones de indocumentados en la zona está perfectamente ubicado, cerca de las casetas migratorias y puestos de seguridad de la garita del Hueyate. El instituto afirma que en esta red de agresiones en la ruta del migrante hay también complicidad de algunos comerciantes del área conocida como La Arrocera.

Los funcionarios consultados manifestaron su preocupación por los casos de horror de los que han tenido conocimiento, donde las agresiones –incluidas prácticas de tortura y de agresiones sexuales, incluso en perjuicio de niños, se reproducen en toda la ruta del migrante.

El INM afirma que aun cuando es un organismo administrativo-no armado, cuando recibe estas denuncias o detecta esta red de delincuentes tiene la obligación de colaborar en la investigación para dar con los responsables de los ilícitos, porque de lo contrario, es decir, excusarse bajo el argumento de que no es policía, caería también en prácticas negligentes y omisas.

El Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) elaboró un diagnóstico de las agresiones y precisa que en la agudización de la violencia contra los migrantes hay participación de actores privados, coludidos con actores estatales.

Ante ello, advierte, sobresale una falta de voluntad y capacidad del Estado para proteger a los migrantes en tránsito de secuestros, torutra, amenazas a defensores (en albergues) y trata de personas.

Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la frontera sur hay una zona de concentración de la incidencia de secuestros de migrantes que va de Chiapas y Veracruz hacia el norte, por rutas que llegan a Nogales, Sonora; Ciudad Juárez, Chihuahua, y Reynosa, Tamaulipas.

El Imumi recomienda al gobierno desarrollar un modelo de atención para las víctimas de los abusos, para garantizarles regularización migratoria (a víctimas y testigos); brindarles protección; promover denuncias y darles seguimiento, así como juzgar a los responsables de los delitos.