Ante la violencia de ciertos grupos organizados, en medio de marchas legítimas y pacíficas, el gobierno tiene la obligación de actuar, pero diferenciando entre quienes la provocan y quienes ejercen su derecho a manifestarse, señaló José Woldenberg, consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

La violencia provocadora no es solamente ética y políticamente ilegítima, sino legalmente punible, dijo en clara alusión a los hechos ocurridos en las manifestaciones del 1º de diciembre y el 10 de junio pasados.

Al intervenir en el cuarto informe de labores del ombudsman capitalino, Luis González Placencia, el ex presidente del Instituto Federal Electoral hizo un llamado a las autoridades a no contraponer la seguridad pública de los derechos humanos, pues el combate a la delincuencia es una tarea del gobierno, pero no se debe mimetizar a la actuación de los delincuentes.