Opinión
Ver día anteriorLunes 17 de junio de 2013Ver día siguienteEdiciones anteriores
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Invasiones en áreas de reserva ecológica
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as últimas semanas han sido pródigas en noticias sobre el pacífico y exitoso operativo del gobierno de la ciudad de México para desalojar de áreas de reserva ecológica en la delegación Tlalpan a quienes pretendían establecer allí sus viviendas. También para desmantelar los aserraderos clandestinos en la zona boscosa de Milpa Alta. En el primer caso se supo que los invasores contaron con el apoyo de personas que militan y mueven votos en el Partido de la Revolución Democrática. Como Emedelia Sánchez, vinculada con el grupo de René Bejarano. En su columna de Reforma, Sergio Aguayo ofreció datos no desmentidos que ubican al grupo Zorros-Solidaridad como responsable de ocupar 70 hectáreas y quemar otras 200, lotificadas después para su venta. Menos se ha sabido bajo el cobijo de qué autoridad se pusieron en marcha aserraderos nada clandestinos en Milpa Alta.

Cuando el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas asumió la jefatura de gobierno, en 1997, definió una nueva política para garantizar el buen estado de las áreas de reserva ecológica de la ciudad. Tanto por el papel clave que juegan en la producción de agua, en la recarga de los acuíferos, en evitar la erosión, absorber contaminantes y producir oxígeno, como para acabar con la industria de la invasión, bien montada en los gobiernos del PRI. Esa línea de acción prometieron seguirla las administraciones posteriores. Pero algo falló porque las reservas sufren invasiones y en ello hubo negligencia de las autoridades al no evitarlas y/o no desalojar oportunamente a quienes por un lote para edificar su vivienda pagan a los líderes que les ofrecen protección política y administrativa. Invade ahora que luego te regularizamos, la consigna.

En el caso de quienes montaron aserraderos en Milpa Alta, se sabe que en el pueblo de Tlacotenco la madera fruto de la tala se trasladaba con permisos apócrifos expedidos por la citada delegación y el apoyo de algunos lugareños. Ninguno de los responsables ha sido tocado. Tampoco los que se benefician de destruir el bosque en las delegaciones Magdalena Contreras, Tláhuac, Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Tlalpan y la zona del estado de México limítrofe con el Distrito Federal. Para garantizar el suelo de conservación capitalino no basta desmantelar los aserraderos clandestinos. Surgirán otros si no se establecen políticas públicas que combatan la marginalidad por medio de la creación de empleos bien remunerados y los servicios que eleven la calidad de vida de los pobladores.

En tanto, un juez de Hermosillo condenó a un año de prisión al ex titular de la Comisión de Agua de Sonora por no detener en 2010 la licitación del Acueducto Independencia, construido para llevar agua de la presa El Novillo a Hermosillo, la capital del estado, que sufre por falta de agua. Sin embargo, ese líquido es utilizado desde hace décadas para regar los cultivos del Valle del Yaqui, la zona agrícola más importante de Sonora. Por eso la enorme oposición en el sur del estado a dicho acueducto y que no fue atendida por las autoridades federales, que alentaron la obra, y las locales, que se empeñaron en realizarla ignorando mandatos judiciales en contra y los argumentos de los miles de perjudicados por el acueducto.

Otro funcionario, el ex director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Guadalajara, Rodolfo Ocampo (fue diputado local y federal por el PAN), está preso por peculado y desvío de recursos que debieron destinarse a dotar de líquido a las zonas pobres de esa ciudad. Provenían del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Hay otros ex funcionarios involucrados en estos delitos.

Lo que sucede en Sonora y Jalisco, en Tabasco con las inundaciones, y en otras entidades del país, es ejemplo de la falta de planeación en el uso del recurso hídrico y de los enfrentamientos entre usuarios diversos por tener acceso al agua; del manejo irregular del dinero público destinado a dotar de servicios a los más necesitados. Ello obliga a ejercer un estricto control de los fondos federales, estatales y municipales encomendados a los funcionarios. Y sancionar ejemplarmente a los que los desvíen en su provecho o los malversen.