La iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto para sancionar el terrorismo hasta con 60 años de cárcel, dejando fuera de dicha clasificación las manifestaciones sociales de protesta, es una medida correcta para no criminalizar la lucha de las organizaciones civiles, pero hay que tener cuidado con algunos términos ambiguos para no abrir ningún margen a esa posibilidad, señalaron activistas de derechos humanos.

José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, afirmó que al no considerar las movilizaciones de descontento como parte de las actividades terroristas, se produce un avance con respecto a otros proyectos de ley que iban justamente en sentido contrario.

Sin embargo, indicó que el no criminalizar las marchas u otras acciones para presionar a las autoridades es de por sí una obligación del gobierno, por lo que llamó a no ver la propuesta de Peña Nieto como una dádiva, sino únicamente como el reconocimiento de un derecho ciudadano.

Por otra parte, el especialista llamó a estar atentos frente a conceptos ambiguos de la iniciativa, como el no considerar terrorismo un acto siempre y cuando no atente contra los bienes jurídicos de terceros, pues ese tipo de cláusulas pueden ser usadas por diversos actores a su conveniencia.

Carla Michel Salas, integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, consideró que la redacción de la propuesta de Peña Nieto es un avance, en la medida en que puede evitar la criminalización y persecución de la lucha social.

Aunque también hizo énfasis en detalles como el de no afectar bienes jurídicos, la litigante destacó que con esta iniciativa pueden detenerse los intentos de ampliar discrecionalmente el concepto de terrorismo a través de figuras como ataques a la paz pública, que permitieron la detención injustificada de decenas de personas durante las protestas del pasado primero de diciembre.

Creo que a escala federal sí queda salvado el riesgo de criminalizar la protesta. Desde mi perspectiva sí ha habido un cambio para bien en la actitud de la Procuraduría General de la República y en la Secretaría de Gobernación, apuntó.