Los padres de Mario Aburto Martínez –sentenciado a 45 años de prisión por el homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta–, solicitaron al presidente Enrique Peña Nieto que tenga voluntad política y moral y reabra el llamado caso Colosio. Asimismo, a través de dos cartas (que fueron entregadas en exclusiva a La Jornada), Mario Aburto solicitó al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que le asigne un abogado, ya que no cuenta con recursos para pagar su defensa, pues fue sentenciado injustamente en un proceso viciado a todas luces desde sus inicios y lleno de anormalidades.

En su misiva, afirma que su familia sigue siendo amenazada y perseguida políticamente, por lo cual desde hace 18 años vive en Estados Unidos.

En 2011, funcionarios del gobierno federal revelaron que Aburto Martínez podría –desde ese año– abandonar la prisión de máxima seguridad en la cual estaba preso y que era el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Occidente (antes Puente Grande), en Jalisco. Pero la extinta Secretaría de Seguridad Pública federal, en respuesta a una solicitud de información pública, respondió que Aburto Martínez no tenía derecho a beneficio alguno.

A 19 años del homicidio de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la Presidencia de la República, las cartas enviadas a La Jornada revelan que Mario Aburto fue cambiado nuevamente de prisión, y que durante su encarcelamiento ha pasado por el penal del Altiplano o La Palma (antes Almoloya de Juárez), Occidente o Puente Grande, y actualmente se encuentra en Cefereso número 6, Sureste, en Huimanguillo, Tabasco.

Desde 2000, las investigaciones del caso Colosio fueron enviadas a la reserva por la Procuraduría General de la República (PGR), es decir, ya no se realizan diligencias, y las conclusiones fueron que Mario Aburto Martínez asesinó al candidato priísta.

En una carta abierta enviada al presidente Peña Nieto, fechada el pasado 9 de abril, los padres de Mario Aburto –Rubén Aburto Cortés y María Luisa Martínez– le señalan que su hijo “fue privado de su libertad acusado por tan infame asesinato. Han pasado cuatro presidentes de la República y el caso Colosio nunca fue investigado a fondo.

“Como padres de Mario Aburto le rogamos que escuche nuestras súplicas y tenga la voluntad política y moral de reabrir y esclarecer el caso Colosio para que nuestro hijo obtenga su pronta libertad, ya que sus antecesores no cumplieron con lo prometido (reabrir el caso). Ya somos personas de avanzada edad y lo único que deseamos antes de morir es ver a nuestro hijo en libertad.

(...) Nuestro hijo fue encarcelado injustamente sin pruebas contundentes de que fue él el ejecutor del crimen y que tampoco se sabe en qué contexto sucedieron las cosas (...). Confiamos en que usted, señor Presidente, no sea el quinto presidente de la República Mexicana que hace caso omiso a nuestras súplicas y que usted apoyará nuestra causa.

Preso político o de conciencia

Mario Aburto Martínez inicia su carta, fechada el 20 de noviembre de 2012, señalando que se ampara en preceptos de la Constitución mexicana y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU.

Luego solicita al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro que le asigne un defensor, ya que no cuenta “con los recursos económicos para poder sufragar los gastos y honorarios de un abogado particular; es que a mi familia se le dio asilo político en el Convento de la Madre Teresa de Calcuta (que en paz descanse) en Tijuana, Baja California, y en el estado de California, Estados Unidos (respectivamente), donde residen actualmente, desde que se inició el éxodo y la persecución política de la familia Aburto Martínez, misma que es representada en el extranjero por una organización no gubernamental defensora de derechos humanos de nombre Human Rights Watch en Los Ángeles, California, cuyos titulares son los señores Peter A. Schey y Carlos Olguín, quienes no pueden representarme jurídicamente en México ante las instancias legales procedentes e impartidoras de justicia en nuestro país, que han sido de consigna en mi caso.

“Motivo por el cual me fue impuesto un abogado de oficio federal que fue parte del teatro montado por las consignas del gobierno del ex presidente Carlos Salinas de Gortari (...). Mis ‘abogados’, ministerios públicos, jueces y magistrados de consigna, fueron unos de los culpables de que se me sentenciara injustamente en un proceso viciado a todas luces desde sus inicios, y lleno de anormalidades.

Aunado a todo esto a que su servidor, Mario Aburto Martínez y mi familia en el extranjero seguimos siendo amenazados, perseguidos políticos, y preso político o de conciencia, en mi caso (...). Por todo ello mi familia ya no puede regresar al país ni ha podido verme desde hace ya 18 largos años.