En México, existen muchos factores de riesgo que facilitan la comisión del delito de trata de personas: pobreza, falta de alternativas económicas, bajos niveles de educación; carencia de vivienda, de hogar; violencia y discriminación de género, afirmó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la nación (SCJN), Juan Silva Meza.

En la inauguración del foro de análisis Retos para la implementación de la Ley General de Trata de Personas, realizado en la sede de la SCJN, el ministro señaló que este delito “constituye un severo problema social que se origina en la conceptualización que se hace de las personas como mercancías, como objetos de intercambio comercial, ignorando por completo la dignidad humana.

Es, pues, un evidente caso de violación a los derechos humanos de quien la sufre; niños, niñas, adolescentes, mujeres y personas migrantes, a quienes se vincula con la explotación sexual y laboral, así como al tráfico de órganos, señaló ante ministros de la Corte, especialistas en el tema y el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles.

Mario Luis Fuentes, director el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, expuso que la trata de personas es “una de las mayores amenazas al orden constitucional, porque es un crimen y atenta y vulnera los principios de dignidad y libertad; por ello es un compromiso ético su erradicación.

También señaló que los factores de riesgo y vulnerabilidad ante la trata de personas se están profundizando, como la pobreza, la violencia, el desempleo y la informalidad. Pidió que se reconozca que hasta ahora no se ha hecho ni lo necesario ni lo suficiente para prevenir y combatir la trata, mucho menos para proteger a sus víctimas, ya que no se cuenta con un sistema institucional de protección.

Asunto estratégico

El rector de la UNAM dijo que todo lo que haga “por abonar a favor de la lucha contra la trata de personas, tiene que ser visto como un asunto estratégico, fundamental, si en verdad queremos evolucionar en la sociedad contemporánea.

Por eso me parece que sumar esfuerzos, desde las estructuras públicas del país, junto con organizaciones de la sociedad resulta indispensable para poder decir un: ¡ya basta!, y poder hacer algo a favor de quienes son afectados por estas nuevas maneras de actuar de sectores ligados indiscutiblemente con el crimen organizado.