El proyecto Jornaleros Safe, que aglutina a instancias como Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana (DPMH) de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Catholic Relief Services y Global Workers Justice Alliance, denunció que a dos meses de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tuvo conocimiento de las irregularidades cometidas por Chamba México no hay acciones para castigar a los operadores de esa agencia ni el caso ha sido turnado a la Procuraduría General de la República (PGR).

En conferencia de prensa, Mariano Yarza, coordinador binacional del Proyecto Safe en Catholic Relief Services México; Mayela Blanco, coordinadora del mismo sitio en la DPMH, y la abogada Griselda Vega, del Proyecto México Global Workers, indicaron que Chamba México realizó un fraude masivo contra 3 mil 135 personas, a quienes cobró 7 mil pesos para emplearlas en labores de construcción y agrícolas en Estados Unidos y Canadá, lo cual nunca ocurrió, por lo que han sido interpuestas mil 277 denuncias por fraude en 19 estados del país.

Detallaron que Chamba México fue avalada por la Secretaría del Trabajo, y añadieron que con anuencia de ésta operaba desde diciembre de 2012 en Michoacán, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato, Zacatecas, Coahuila, Puebla, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Guerrero, estado de México, Tamaulipas, Aguascalientes, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas y que ofrecía empleos con salarios de entre 10 y 15 dólares por hora.

Señalaron que al salir a la luz los casos de fraude, Chamba México cerró sus sucursales y desaparecieron.

Agregaron que las ganancias de la empresa ascienden a más de 20 millones de pesos, pues cobraba mil pesos por primer pago por el concepto de una supuesta investigación de antecedentes penales en Estados Unidos y Canadá y seis mil más para tramitar la visa y cubrir el monto del transporte.

Todos los depósitos se realizaban en cuentas bancarias de Banamex, Scotiabank y HSBC, y de acuerdo con Jornaleros Safe, el RFC de la empresa es CMA1208277CA, la cual fue autorizada por la STPS para operar el 6 de febrero de este año con folio STPS-ACT-CMA15-00012.

Blanco criticó que Trabajo y Previsión Social sólo haya habilitado una línea telefónica para denuncias (01800 7172942) y puesto a disposición el correo electrónico [email protected], pero de ahí en fuera nada más.

Luego de plantear que los afectados entregaron documentación oficial que no les fue devuelta, demandaron que se haga una investigación urgente a escala federal.

La denuncia pública también fue hecha por United Farm Workers y el Centro Independiente de Trabajadores Agrícolas. Entre las organizaciones adherentes están el Servicio Jesuita Migrante de México, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Sin Fronteras.