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Reconoce ombudsman postura del GDF de admitir exhortos

De 20 que le dirigió en 2012, sólo aceptó dos, señala

Presenta informe en la ALDF

Legisladores del PAN cuestionaron su participación en la crisis de la UACM

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Manuel Granados, presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF; Luis González Placencia, presidente de la CDHDF, y la diputada perredista Dinorah Pizano, tras la comparecencia del ombudsman capitalino ante el plenoFoto Cristina Rodríguez
 
Periódico La Jornada
Viernes 19 de abril de 2013, p. 41

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, resaltó la decisión del gobierno de la ciudad de reconsiderar su postura respecto de ocho recomendaciones que rechazó la pasada administración, para aceptarlas en su totalidad.

Con este antedecente, al comparecer ante el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para presentar su informe anual 2012, confió en la eventual aceptación de la recomendación sobre las detenciones arbitrarias, la brutalidad policial y otras violaciones cometidas por la policía de la ciudad, el Ministerio Público, el sistema penitenciario y servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en agravio de personas inocentes, el primero de diciembre pasado, durante la toma de protesta al titular del Poder Ejecutivo federal.

Tras afirmar que la relación con el gobierno se ha consolidado favorablemente desde los primeros días de esta administración, el ombudsman capitalino señaló que aun con los ambiciosos diagnósticos, programas y reformas e iniciativas de vanguardia en materia de derechos humanos, persistía la ambigüedad de algunas autoridades respecto de la aceptación y cumplimiento de las recomendaciones.

Explicó que de 20 recomendaciones emitidas en 2012, solamente dos fueron aceptadas en su totalidad, siete lo fueron parcialmente y aparte de las ocho que el actual gobierno aceptó íntegramente, cinco fueron rechazadas.

Dijo que entregó a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF, Dinorah Pizano Osorio, un informe detallado a efecto de que se materialice la obligación de que los funcionarios que no acepten o incumplan las recomendaciones comparezcan ante los diputados.

Destacó la sistemática y grave situación de los reclusorios debido a los altos índices de corrupción, que es la principal causa de descomposición de la ejecución de la sanción penal y lanzó un enérgico llamado a la Secretaría de Gobierno para atender esta situación.

Al añadir las recomendaciones por la presentación de detenidos ante los medios de comunicación, deficiencias en las consignaciones, omisiones en el resguardo de detenidos y la criminalización de jóvenes, consideró urgente la reforma de fondo de la policía, del sistema de justicia penal y del sistema penitenciario.

González Placencia respondió a cuestionamientos de diputados del PAN por su participación en el conflicto de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), por dar su reconocimiento al rector interino Enrique Dussel. Negó que la comisión tripartita que se integró con funcionarios del gobierno y diputados locales hayan reconocido al rector: no tenemos facultades para eso; lo que hicimos fue reconocer, como parte de la comisión mediadora, a los 50 integrantes del Consejo Universitario que no habían sido cuestionados legalmente, quienes fueron los que nombraron a Dussel.

Advirtió que las circunstancias de elevada violencia y el riesgo de que se desbordara el conflicto fuera de sus muros están por lo menos contenidos y agregó que en casos de mediación lo importante es buscar soluciones y creo que lo más relevante para que este conflicto no renazca es que podamos asumir con responsabilidad cuáles serían los caminos para que la propia universidad se siga desarrollando de manera institucional.

Sobre la propuesta del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, de derogar el arraigo como medida cautelar, al que se refirieron reiteradamente los partidos en sus posicionamientos previos y preguntas, afirmó que es un avance sustancial pasar de un régimen de 90 días a una detención de cinco que incorpora además el control judicial.

Esa iniciativa les va a llegar en unos días y creo que va a ser una buena oportunidad para discutir algunos elementos. Yo les diría que una preocupación que tenemos es el tema de las pruebas, porque uno de los incentivos perversos que existen para que el arraigo se dé es que las actuaciones que se realizan mientras la persona está en arraigo son consideradas pruebas en el juicio, y si le quitamos valor probatorio a lo que se da en arraigo, esta figura deja de tener sentido, apuntó.