El Ministerio Público Federal definirá a más tardar el próximo martes la situación jurídica de los presuntos involucrados en el atentado que se perpetraría contra los legisladores Ricardo y David Monreal Ávila.

Fuentes de la Procuraduría General de la República (PGR) informaron que se utilizará el plazo máximo de 96 horas (cuatro días) para determinar si existen responsabilidades penales de los cuatro detenidos en la ciudad de México, dos de ellos identificados como sicarios al servicio de grupos criminales que operan en el estado de Zacatecas, quienes fueron contratados para asesinar a los hermanos Monreal Ávila.

El Ministerio Público Federal mantiene en instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) a cuatro personas, dos presuntos sicarios no identificados ni se ha confirmado que formaran parte del cártel de Los Zetas; el empresario zacatecano Arturo Guardado Méndez –investigado por ser el presunto autor intelectual del atentado–, y su chofer, Jesús Guerrero.

Las cuatro personas fueron aprehendidas en hoteles de la ciudad de México, y supuestamente el empresario fue ubicado como uno de los organizadores del atentado, porque habría telefoneado a uno de los sicarios.

El jueves pasado, la subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, Mariana Benítez Tiburcio, dijo que los resultados de un operativo instrumentado sin violencia, en el que fueron detenidas dos personas que se alojaban en el hotel Prim, en la colonia Juárez, a unos metros de la oficina particular de Ricardo Monreal, diputado federal y ex gobernador de Zacatecas.

La funcionaria explicó que a los detenidos (dos personas) se les “aseguraron armas, equipo de comunicación, así como una camioneta, con los que pretendían materializar los atentados”, y que en sus primeras declaraciones ellos aceptaron que se encontraban en la ciudad de México, para concretar los homicidios de ambos legisladores.