En los primeros cien días de la administración federal, el clima de violencia y las agresiones contra los derechos humanos no han disminuido, ya que los lineamientos básicos de la política económica son los mismos, advirtieron integrantes de organizaciones sociales.

Llevamos casi cuatro meses del gobierno de Enrique Peña Nieto y no hay el mínimo interés en implementar políticas adecuadas y generar un cambio sustancial en las condiciones que dificultan nuestra labor, señaló el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, José Rosario Marroquín.

Durante la presentación de la campaña nacional Defendamos la esperanza, mediante la cual se busca visibilizar el trabajo de los defensores de derechos humanos, indicó que la administración actual ha repetido la misma política de otros gobiernos en materia de migración y de apoyo a los megaproyectos, por sólo mencionar dos ejemplos.

Mientras eso persista, la labor de derechos humanos seguirá siendo vista como un obstáculo. Las condiciones están puestas para que todo siga igual, lamentó el activista.

Señaló que los responsables de los abusos no son únicamente los grupos criminales, sino el propio Estado, por lo que los colectivos civiles no deben asumir una postura neutral, sino comprometerse con las víctimas del despojo y la violencia.

En el mismo sentido, Alejandro Solalinde, director del albergue para migrantes Hermanos en el Camino, destacó que los defensores de derechos humanos estamos y estaremos al lado de la gente, no de la acumulación y los privilegios de unos cuantos. Hay que tener claros los riesgos y romper esquemas.

El sacerdote enfatizó que en las circunstancias actuales los activistas deben asumirse entre sí como compañeros de camino, pues no somos siervos o lacayos de una estructura, sino colegas en la transformación de México. Tenemos dos caminos: el del protagonismo y el martirio de unos pocos o el de la resurrección nacional con la participación de todos.

Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, deploró que muchas personas reproduzcan el discurso oficial de que este trabajo sólo sirve para defender delincuentes, lo cual termina por hacer aun más vulnerables a quienes se dedican a él.

Valeria Escorza, directora de la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, advirtió que en la actualidad los defensores de derechos humanos corren más peligro que en años anteriores, porque son agredidos y difamados no únicamente por los delincuentes o el Estado, sino también por otros actores sociales, como los empresarios, las guardias privadas de los grupos poderosos o los sindicatos corruptos.