En los recientes cinco años, durante la gestión de Marcelo Ebrard Casaubon, el Gobierno del Distrito Federal otorgó 230 permisos de administración temporales revocables (PATR), para que particulares o empresas exploten comercialmente espacios y bienes públicos de la ciudad.

En casi 50 por ciento de estos permisos –heredados a la actual administración y posteriores, pues tienen vigencia de 10 años, con posibilidad de renovarse dos veces más–, las autoridades capitalinas sólo recibirán una contraprestación en especie, lo que significa en algunos casos, remodelaciones o mantenimiento del lugar o el bien cedido.

En estos contratos, según un listado obtenido por la vía de transparencia, se puede observar desde los inmuebles entregados a los comerciantes ambulantes del Centro Histórico, hasta la operación de una central hidroeléctrica, así como la explotación de espacios para publicidad en modalidades como pantallas electrónicas, relojes de altura, cicloestaciones y sitios de taxis.

En el caso del comercio informal, el gobierno capitalino signó en este periodo 43 permisos con diferentes organizaciones del ramo, en el que cedió el uso de inmuebles para sus actividades comerciales, a cambio de que hicieran remodelaciones y adecuaciones, para lo cual incluso se demolieron edificios catalogados como monumentos históricos en las calles de Regina, Argentina y República de El Salvador.

Aunque también existen los convenios a título gratuito para escuelas o agrupaciones de la sociedad, predominan los PATR, sobre todo en los últimos dos años de la anterior administración, concedidos a la iniciativa privada para la explotación de espacios para publicidad.

Entre ellos se encuentran la publicidad del STC-Metro y el Metrobús, pero también en otras modalidades como los bajo puentes y túneles. En estas últimas el permiso se autorizó para la explotación de los espacios, a condición de que los rehabiliten y den mantenimiento, sin que estén obligados a entregar una remuneración económica.

Un esquema similar se utilizó para el despliegue de pantallas electrónicas en distintos puntos de la ciudad, para lo cual las empresas sólo tendrán que promover las actividades del GDF en el equivalente a 30 por ciento de la transmisión en las mismas.

Las autoridades no están obligadas a realizar licitaciones y pueden beneficiar directamente a particulares o empresas. De acuerdo con la Ley de Responsabilidad Patrimonial los interesados sólo deben hacer la solicitud, y un comité será responsable de analizarla y decidir si procede, a través de la Oficialía Mayor.