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Son un marco normativo integral, dice

Avalar ya los cambios, pide corriente del PRD
 
Periódico La Jornada
Jueves 14 de marzo de 2013, p. 17

La coordinación nacional de la corriente perredista Democracia Social –con representación en el Consejo Rector del Pacto por México– pidió al Congreso de la Unión aprobar la iniciativa de reforma en materia de telecomunicaciones en el actual periodo de sesiones, por considerar que representa ‘‘un marco normativo integral y convergente’’ para la democratización del sector.

En un amplio análisis, Carlos Sotelo, coordinador de esa expresión del PRD, defendió que la iniciativa contiene, por lo menos, 15 principios fundamentales de derechos plasmados en la Constitución, entre ellos: competencia, reconocimiento a la libertad de expresión y difusión, acceso a la banda ancha, definición de las telecomunicaciones y radiodifusión como servicios públicos de interés general. Asimismo, la creación de (dos) nuevas cadenas de televisión, en las cuales, resaltó, no puedan participar Televisa ni Tv Azteca.

Sotelo señaló que la iniciativa en verdad es trascendente. ‘‘Recoge las propuestas que legisladores comprometidos y sectores de la sociedad civil han venido formulando durante los años recientes’’, sin olvidar el legítimo reclamo de los medios indígenas, comunitarios y públicos, de que en los planes técnicos se reserve al menos 33 por ciento de frecuencias en todas las bandas para operadores sin fines de lucro.

El perredista destacó que con la reforma, el Estado establecería condiciones de competencia efectiva en la prestación de servicios de tecnologías de la información, comunicación, radiodifusión y telecomunicaciones. Todo en condiciones de competencia, calidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional.

También resaltó la creación del instituto federal de telecomunicaciones, además de la comisión federal de competencia económica, y que las concesiones de uso comercial puedan otorgarse mediante licitación pública.