Las acciones jurídicas emprendidas por los abogados de Elba Esther Gordillo Morales demuestran que entre la lideresa sindical y sus defensores existe falta de coordinación e incluso de comunicación.

La tarde del pasado martes fue presentada, en representación de Gordillo, una demanda de amparo por actos de incomunicación, tortura y tratos crueles y degradantes a su persona.

El documento jurídico fue admitido por el juzgado cuarto de distrito de amparo penal en el Distrito Federal, el cual concedió una suspensión provisional a la maestra para protegerla de cualquier acto que afectara sus garantías constitucionales.

El juez de amparo envió un actuario anoche a las instalaciones del centro penitenciario femenil de Santa Martha, para que la profesora ratificara la demanda de garantías; sin embargo, la lideresa sindical desconoció como suya esa petición de amparo, por lo que el juez canceló este jueves el juicio y archivó el expediente como caso concluido, según confirmaron a La Jornada fuentes del Poder Judicial Federal (PJF).

La tarde de ayer, entrevistado en el área de juzgados federales del Reclusorio Oriente, el abogado José Rigoberto González Sánchez, uno de los defensores de la maestra, dijo desconocer qué litigante redactó y presentó la demanda de amparo por incomunicación a nombre de Elba Esther Gordillo.

A decir de funcionarios del PJF consultados por este diario, en esa demanda se puso como abogado autorizado para recibir notificaciones a Marco Antonio Aparicio Suárez, quien ni siquiera estuvo presente en la diligencia de declaración preparatoria de la dirigente.

En esa demanda de amparo se pedía una suspensión para impedir a las autoridades penitenciarias que mantuvieran incomunicada o sometieran a algún tipo de maltrato o tortura a la profesora durante su reclusión, de acuerdo con constancias judiciales consultadas vía Internet.

La demanda de amparo fue tramitada el pasado martes, día en que Gordillo Morales fue detenida en las instalaciones del aeropuerto internacional de la ciudad de Toluca. Según consta en los registros judiciales del juzgado cuarto de distrito en materia de amparo penal en el Distrito Federal, bajo el expediente 188/2013, la demanda de garantías se interpuso contra autoridades de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) y contra cualquier autoridad administrativa y penitenciaria en la ciudad de México.

Gordillo Morales se encuentra recluida desde las 22:50 del pasado martes en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, en espera de que el juez federal Alejandro Caballero Vértiz resuelva su situación jurídica, lo que deberá ocurrir a más tardar el próximo lunes.