antaleta cotidiana de los tres niveles de gobierno es que no hay dinero para atender las urgencias nacionales, pero año tras año se documenta que se recauda muy mal y se gasta peor, al grado que el manejo de los recursos públicos se ha convertido en una verdadera oda al despilfarro, la desorganización y la corrupción. Por ejemplo, de cada peso fiscal recaudado en 2011, la autoridad devolvió 21 centavos a los grandes grupos de poder económico y político, mientras por cada peso presupuestado para obras de infraestructura el gobierno federal (el calderonista, en este caso) terminó pagando tres y aceptó de la empresa privada concesionada hasta casi cinco años de retraso en el calendario de entrega.

Que no hay dinero, gritan a coro, pero, por una parte, de lo poco o mucho que hay una gruesa rebanada se la regresan a quienes tradicionalmente no pagan impuestos o lo hacen mínimamente, mientras que, por la otra, el despilfarro, la desorganización, la improvisación y el compadrazgo entre entidades públicas y privadas hacen del gasto público un verdadero festín que incrementa sustancialmente el presupuesto (hasta 300 por ciento) y los tiempos de entrega (hasta cinco años) originalmente autorizados. A ese ritmo, no hay recaudación ni presupuesto que alcance, ni sociedad que lo soporte.

Por ser el más notorio y en el que se concentraron los medios de comunicación, el cochinero de la Estela de Luz se convirtió en insignia de la corrupción público-privada, en muestra fehaciente del desaseo, la desorganización y el compadrazgo prevaleciente, pero lamentablemente no fue el único ni el de mayor costo para los mexicanos, quienes son los que pagan no sólo por el atraco permanente, sino por la falta o la pésima construcción de infraestructura.

Por lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación no sólo documentó que en 2011 el calderonato devolvió hasta 21 por ciento de los impuestos a grandes contribuyentes, sino cómo el gobierno gasta muchísimo más de lo autorizado por la Cámara de Diputados y cuánto se retrasa la entrega de la obra concesionada a una entidad privada, la que finalmente le vale un cacahuate, pues cobra como si hubiera sido puntual. Va, pues, por cortesía de la ASF:

A fin de emitir un diagnóstico sobre las causas que originaron los incrementos en costo y los retrasos en la entrega de las obras públicas, se seleccionaron 80 contratos de inversiones físicas relativos a proyectos de infraestructura con un monto individual superior a 100 millones de pesos y que fueron suscritos entre 1999 y 2010 por diversos entes. En promedio, por deficiencias del proyecto en los 80 contratos revisados se presentaron los siguientes indicadores: 73.8 por ciento correspondió a estudios previos que no contemplaron las condiciones reales del proyecto; 5 por ciento por deficiente proyecto de cimentación; 2.5 por ciento por un deficiente proyecto estructural; 2.5 por ciento a la entrega extemporánea del proyecto ejecutivo y 16.2 por ciento a causas diversas.

Así, por ejemplo, de los contratos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se concluyó que las causas de diferimiento recurrentes fueron: proyectos ejecutivos incompletos, con una frecuencia de 63.2 por ciento; entrega extemporánea del anticipo en 2 por ciento de los casos y problemáticas ambientales en 15.8 por ciento de los contratos. Estas situaciones ocasionaron incrementos que alcanzaron el 131 por ciento respecto al importe originalmente contratado y desfasamientos desde 120 hasta mil 492 días (poco más de cuatro años) en la conclusión de las obras equivalente a un promedio de 132.8 por ciento en relación al plazo original.

En lo referente a los contratos de Pemex y sus subsidiarias, se determinó que las causas frecuentes de diferimiento fueron: proyectos ejecutivos incompletos, con una recurrencia de 72 por ciento; planeación insuficiente y bases de licitación inadecuadas en 24 por ciento de los casos, y problemas ambientales en 4 por ciento de los contratos. Ello ocasionó incrementos que alcanzaron 284.3 por ciento respecto al importe contratado y desfasamientos desde 167 hasta 1663 días (casi cinco años) en la conclusión de obras, equivalente a 125.9 por ciento con relación al plazo original.

Del análisis de los contratos de la Comisión Federal de Electricidad (la empresa de clase mundial y tarifas desorbitadas) se concluyó que entre las causas recurrentes de diferimiento destacan: proyectos ejecutivos incompletos de 75 por ciento y falta de liberación del derecho de vía, así como problemas ambientales con 25 por ciento, en conjunto. Estas situaciones ocasionaron incrementos que alcanzaron 51.3 por ciento respecto al monto contratado originalmente y desfasamientos desde 377 hasta 754 días (dos años) que representan un promedio de 74.8 por ciento.

Respecto a los contratos de Capufe y Conagua, los proyectos ejecutivos incompletos fueron la causa más recurrente de diferimientos, que alcanzaron 35 por ciento respecto al monto contratado y desfasamientos desde 114 hasta 1095 días (tres años) que representan un promedio de 257 por ciento.

El análisis consideró cinco contratos en cuatro entidades públicas: dos en la Comisión Nacional del Deporte y uno en cada una de las siguientes entidades: IMSS, ISSSTE e Instituto Nacional de Medicina Genómica. Las causas principales de diferimientos fueron proyectos ejecutivos incompletos, planeación insuficiente y bases de licitación inadecuadas, las cuales generaron incrementos que alcanzaron 69.5 por ciento respecto al monto contratado y desfasamientos desde 90 hasta 1760 días (casi cinco años).

Seis contratos más (cuatro en la Secretaría de Seguridad Pública, uno en el Senado de la República, y uno en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México) revelan proyectos ejecutivos incompletos, cuyo diferimiento ocasionó incrementos de 50.9 a 161 por ciento y desfasamientos de 53 a 545 días (año y medio), respectivamente.

Y en materia de gasto federalizado cinco contratos (cuatro del Gobierno del Distrito Federal y uno del gobierno de Veracruz), donde el proyecto ejecutivo incompleto y la falta de radicación oportuna de los recursos fueron las causas principales de diferimientos, lo cual ocasionó incrementos hasta de 92.2 por ciento y desfasamientos de 92 a 1168 días (más de tres años).

Las rebanadas del pastel

Entonces, dinero sí hay. El problema es cómo lo gastan y cómo y a quién lo devuelven.

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