El coordinador de los senadores del PRD, Luis Miguel Barbosa, dijo que su bancada está en favor de que se apruebe la reforma a la Ley de Amparo en los términos que les remitió recientemente la Cámara de Diputados, ya que, una vez que se promulgue ese ordenamiento, presentarán una iniciativa para enriquecerla y resolver aquellos puntos que han sido criticados por algunos sectores.

El cambio central, detalló, es para dar celeridad a las resoluciones judiciales e impedir el rezago indefinido de las audiencias. Se propondrá, dijo, establecer un plazo cierto e inequívoco para desahogar el juicio de garantías. Con ello avanzaremos en beneficio de la sociedad, que reclama de su autoridad el respeto irrestricto de sus derechos.

Barbosa precisó que propondrán que en un plazo no mayor de tres meses deba resolverse todo juicio de amparo para no agraviar a las personas físicas o morales que hayan sido afectadas por un acto de autoridad en violación a sus garantías individuales. Ello, a fin de que no haya un desequilibrio en el acceso a la justicia.

El coordinador perredista consideró que con ese cambio se da respuesta a las críticas que representantes de la cúpula empresarial han formulado al artículo 129 de la Ley de Amparo, donde se establece que no habrá suspensión del acto reclamado "cuando se trate de bienes y servicios del dominio de la nación”.

Consideró que ha habido casos en los cuales se usa la figura de la suspensión provisional como forma de violentar la propia ley y de desafiar al Estado y a las autoridades, por lo que debe mantenerse.

La intención de la nueva Ley de Amparo, recalcó, es hacer prevalecer el interés social sobre el individual y evitar las tácticas de litigio que practican algunos despachos, consistentes en privilegiar la medida provisional de la suspensión, sobre la resolución misma del amparo.

Lo que deberá hacerse, insistió, es modificar después la ley, cuando entre en vigor, para cerrar el paso al alargamiento de los juicios de amparo, vía la obligación de la autoridad para dictar sus resoluciones.

Recordó que la minuta pasó ya por el Senado y sólo pueden hacer cambios en aquellos ar­tículos modificados por la colegisladora.

Barbosa rechazó que deban legislar bajo presión de los llamados poderes fácticos, como ocurrió a los diputados cuando dictaminaron esa Ley de ­Amparo.

Tenemos la suficiente integridad personal y colectiva, cuando hablo de bancadas y del Senado como institución, para no movernos ante presiones de intereses de personas físicas o de personas morales.