Opinión
Ver día anteriorLunes 4 de febrero de 2013Ver día siguienteEdiciones anteriores
Servicio Sindicado RSS
Dixio
 
Cambio climático y política de Estado
E

l martes pasado el presidente Enrique Peña Nieto anunció en concurrida ceremonia la instalación del Sistema Nacional de Cambio Climático, en el que participarán representantes de los gobiernos municipal, estatal y federal, los poderes Legislativo y Judicial, las organizaciones sociales, el sector académico y la iniciativa privada.

Le tocará, entre otras cosas, acordar la agenda y los lineamientos que conformen una política de Estado eficaz para enfrentar los problemas derivados del cambio climático. También, definir los aspectos básicos de la agenda internacional en la materia. La idea central del sistema es lograr el crecimiento económico sin sacrificar el medio ambiente, lo que exige caminar hacia una economía que reduzca sus aportaciones contaminantes, exista un manejo racional del agua, detener la pérdida de biodiversidad, administrar mejor los recursos naturales y evitar la generación de desechos, especialmente los tóxicos.

Para lograr lo anterior se dispondrá de apoyos presupuestales nunca vistos: 34 mil 500 millones de pesos.

No es la primera vez que el gobierno federal anuncia su intención de lograr que la economía crezca sin deteriorar y hacer del agua y la riqueza forestal asuntos de seguridad nacional. En ceremonias muy parecidas lo prometieron los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón.

En todos hubo diagnósticos certeros sobre la situación del país en cuanto a las pérdidas del patrimonio natural por ignorar al medio ambiente. Más recientemente, por la presencia del cambio climático, expresada lo mismo en el aumento de la temperatura; las lluvias torrenciales y la sequía, la fuerza de los huracanes; en la pérdida de manglares, selvas y bosques, en la franja litoral; en la salud de quienes viven en las ciudades y el campo, y en la economía global, con un costo cercano a 7 por ciento del producto interno bruto.

A la hora de las promesas, cabe recordar que el licenciado Felipe Calderón ofreció hace tres años que México reduciría hasta en 30 por ciento sus emisiones para 2020, siempre y cuando dispusiera de financiamiento y transferencia de tecnología. Pero casi al mismo tiempo, un estudio del Instituto Nacional de Ecología (INE) advertía que los recursos aportados por el gobierno federal y otros obstáculos estructurales apenas permitirían disminuir en una tercera parte lo que anunció el becario de Harvard.

Igualmente, en 2008 se dijo que para finales de su sexenio todos los estados debían tener publicados sus programas de cambio climático. Se desconoce si esta meta se cumplió y si ha habido una evaluación seria de los programas citados. Solamente el gobierno de la ciudad de México publicitó sus logros.

Además, y luego de más de cinco años de discusiones, finalmente en junio del año pasado se publicó una Ley General de Cambio Climático. Entre otras cosas, define como principios de la política nacional la sustentabilidad en el aprovechamiento de los ecosistemas; la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad en la protección del medio ambiente y en la precaución cuando haya amenaza de daño grave o irreversible. Entre las acciones de adaptación frente al cambio climático plantea determinar la vocación natural del suelo, el ordenamiento ecológico del territorio, la restauración de ecosistemas, la rehabilitación de playas y la protección de zonas inundables.

Indica que las autoridades federales, estatales y municipales elaborarán estrategias de riesgo que consideren la vulnerabilidad frente al cambio climático. No faltó el establecimiento de políticas para promover las energías limpias y renovables y que las ciudades sean más habitables, seguras, humanas y menos contaminadas.

Cabe señalar que la versión inicial de la citada ley aprobada en el Senado fue rasurada en la Cámara de Diputados para complacer a la cúpula empresarial que consideró algunos aspectos de la ley un freno al desarrollo económico. Es muy temprano para saber si la propuesta de Peña Nieto logrará, con un modelo económico depredador de recursos como el vigente, ser parteaguas para hacer realidad el tantas veces anunciado crecimiento económico sustentable.