Burócratas estatales integrantes de los sindicatos 7 de Mayo y Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 55, cerraron las instalaciones del Congreso local en un intento por frenar la aprobación de la nueva Ley de Pensiones Civiles, que implica la reducción de algunos beneficios.

Desde las primeras horas de este viernes, empleados al servicio del gobierno del estado, de los tres poderes y de varios municipios, se apostaron dentro del palacio legislativo por el temor de que la iniciativa de ley, propuesta por el mandatario priísta, Mariano González Zarur, fuera aprobada sin atender las propuestas y demandas de los trabajadores.

A ellos se les sumaron profesores quienes argumentaron que con la nueva propuesta legislativa les serían retirados beneficios como la jubilación con menos de 27 años de servicio, pago de quinquenios, despensa y otros apoyos que actualmente reciben.

La medida obligó a que los integrantes de la Comisión Permanente buscaran ingresar a la sede por accesos alternos, aunque sólo pudieron hacerlo dos de los cuatro congresistas.

Los quejosos anunciaron que no abandonarán su movimiento hasta que los diputados se comprometan a aprobar una legislación que atienda sus demandas de jubilación a los 30 años de aportación para los hombres y 28 para las mujeres, en ambos casos sin límite de edad, jubilación para mujeres a los 27 años de aportaciones ininterrumpidas.

Además, incremento del monto de la pensión de jubilados al ciento por ciento y crear la pensión por invalidez motivada por causas ajenas al servicio a los 10 años de aportación.

Además, pretenden que los trabajadores puedan jubilarse por cesantía en edad avanzada motivada por el retiro voluntario o la privación del trabajo remunerado del trabajador al cumplir 60 años y tener cuando menos 13 años de servicio de aportación; la retribución de cuatro meses de salario por concepto de pago de marcha y la integración a la pensión de los conceptos de canasta básica y quinquenio.

El presidente de la Comisión Permanente del Congreso local, Efrén López Hernández, dijo que es necesario sesionar para aprobar las reformas al Código Penal y la nueva Ley de Pensiones Civiles de Tlaxcala, por lo que discuten con todos los integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Po- lítica –que son los dirigentes de los grupos parlamentarios y los representantes de partido que con- forman la 60 Legislatura local– la posibilidad de solicitar la intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado para desalojar a los manifestantes que mantienen sitiada la sede del poder legislativo.