Los ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negaron el amparo a Seguros Inbursa, empresa que impugnó la constitucionalidad de dos artículos de la Ley General de Personas con Discapacidad, que obliga a las aseguradoras a concertar seguros con estas personas, no obstante que dichos contratos deben ser de mutuo acuerdo.

El proyecto elaborado por Arturo Zaldívar indica que la resolución prohíbe discriminar a personas con discapacidad en la contratación de seguros, como establecen los artículos 2, fracción IX y 9 de la ley referida.

La discapacidad no constituye una enfermedad y debe ser considerada como una desventaja causada por las barreras que la sociedad genera al no atender adecuadamente a estas personas.