Durante la sesión ordinaria en San Lázaro, la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) presentó una reforma constitucional para otorgar autonomía a la Procuraduría General de la República (PGR) y al Ministerio Público Federal (MP), con el cambio de denominación a fiscalía general de la República. El argumento de los panistas redundó en que la justicia no puede estar sujeta a consideraciones de índole política. También el Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal para que la Federación entregue al Gobierno del Distrito Federal mil millones de pesos del fondo de fortalecimiento municipal y del fondo de aportaciones de infraestructura social, que se adeudan desde hace 10 años, a raíz de que el Ejecutivo federal castigó al sol azteca una vez que este votó en contra del Fobaproa.

El Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Congreso, con el propósito de que la información surgida de las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados sea útil y veraz.

Por el PAN, Luis Alberto Villarreal, coordinador de los panistas argumentó en favor del cambio de nombre y función de la PGR, propuesta que nunca fructificó en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón: “nuestro proceso penal requiere de las modificaciones necesarias para transitar de un sistema acusatorio que responda a la reforma integral, publicada el 18 de junio de 2008, aquélla que amplió los derechos en el proceso penal y dotó de mayores medios al Estado para combatir al crimen organizado.

Ha sido una máxima del Partido Acción Nacional que la persecución de la justicia no puede estar sujeta a consideraciones de índole política. Por ello, el objetivo de esta iniciativa es crear la fiscalía de la Federación como un órgano constitucional con autonomía de gestión y presupuesto, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Con ello lograremos que el Ministerio Público deje de ser un representante del Poder Ejecutivo y se convierta verdaderamente en un representante de la sociedad mexicana, que responda exclusivamente al mandato de la ley.

Por su parte, Martí Batres Guadarrama, legislador por el PRD, recordó que en 1997 la Cámara de Diputados creó los fondos sociales del Ramo 33 del presupuesto federal, como el Fondo para el Fortalecimiento Municipal y el Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social, conocidos como de combate a la pobreza, y se incluyó en ellos, a las 32 entidades federativas.

Un año después, como castigo por el rechazo al Fobaproa, el DF fue excluido de los fondos sociales. En 2000, en un acuerdo logrado en el marco de la alternancia recién ocurrida, se recuperó para el DF el Fondo de Fortalecimiento Municipal. Sin embargo, hasta la fecha, el Distrito Federal sigue excluido del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social, pues se dice que no es un estado ni tiene municipios y que la Ley de Coordinación Fiscal señala que el fondo es para estados y municipios.