La ley contra el lavado de dinero, promulgada esta semana por el presidente Felipe Calderón, no servirá para detener dicho delito, puesto que la economía mexicana ya ha desarrollado un enorme nivel de dependencia de los recursos obtenidos de forma ilícita y cualquier intento de fiscalizarlos pondría en riesgo la estabilidad del país, señalaron académicos especializados en el tema.

Arturo Huerta, jefe del departamento de posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), puso en duda que las autoridades del país tengan realmente voluntad política para combatir el lavado de dinero, ya que desde antes de que se emitiera la nueva legislación había una unidad especial de la Secretaría de Hacienda encargada de estos asuntos, cuyo trabajo ha sido prácticamente nulo.

El gobierno del país reconoce que cada año se lavan aquí entre 10 mil y 14 mil millones de dólares, aunque en Estados Unidos dicen que pueden ser 20 mil millones y algunas agencias calculan que son hasta 36 mil millones de dólares. Una cantidad de esa magnitud tiene que moverse necesariamente a través del sistema bancario y es funcional a la economía del país, explicó el docente.

El grado de dependencia de México con respecto al dinero obtenido de forma ilícita ya es tan grande, alertó, que cualquier iniciativa para controlarlo o frenarlo comprometería gravemente la estabilidad financiera del país.

Gracias al lavado de dinero, el país puede tener este nivel de reservas internacionales. Si trataran de detenerlo, ello mermaría la entrada de capitales y por tanto se comprometerían las remesas, la deuda externa, la estabilidad del tipo de cambio y la inflación. De ahí que no se haga absolutamente nada para frenarlo y no haya ningún banquero o gran político en la cárcel. Por más que digan que la economía mexicana no está narcotizada, lo está, definió.

Por otro lado, aunque encomió el intento de fiscalizar las operaciones de compra en efectivo de joyas, aviones, yates y otros bienes de lujo, así como la construcción de inmuebles –uno de los principales reductos del lavado–, el especialista dudó que la nueva ley vaya a ser realmente aplicada, puesto que la cantidad de recursos utilizada en dichas actividades es muy grande y genera miles de empleos.

A la banca, por ejemplo, no la van a tocar en absoluto, porque ahí ganan lo que quieren gracias al lavado de dinero. El gobierno tendrá que seguir haciéndose de la vista gorda, porque afectar esos intereses comprometería el sistema bancario, la industria y con ello la propia dinámica del país, recalcó.

Para combatir realmente el manejo de recursos ilícitos, consideró Huerta, sería necesario primero que la economía mexicana dejara de depender de la entrada de capitales y tuviera una moneda competitiva. Ahí sí puedes fiscalizar perfectamente, pero mientras no sea así, no se puede hacer absolutamente nada.

Se persigue más a ciudadanos comunes que a criminales

Carlos Barragán Salvatierra, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, aseveró por su parte que desde 2010, año en que se presentó la iniciativa de ley de Calderón, ya podían identificarse muchas deficiencias y limitaciones de la norma, entre ellas que persigue más a los ciudadanos comunes que a los grupos del crimen organizado.

“A través del concepto de ‘actividades vulnerables’, todo el mundo podría ser vigilado por la policía, porque todos seríamos proclives a realizar operaciones sospechosas. Lo que están haciendo es mandarle a la gente la carga de la prueba de su inocencia para manejar el problema que el Estado no puede resolver”, dijo el académico.

Es importante tener una ley que golpee los recursos de la delincuencia, pero ésta no llega al fondo, sino a la mitad del fenómeno, y va a afectar más a la población. Se trata de una legislación confusa que crea temores en la sociedad y puede afectar el comercio, puntualizó el académico de la UNAM.