La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso del desaparecido luchador social Rosendo Radilla ha comenzado a influir en sentencias de juzgados que otorgan a los tratados internacionales de derechos humanos la misma importancia que a la Constitución.

Sin embargo, al mismo tiempo sigue habiendo gran resistencia de varios jueces y agentes del Ministerio Público que consideran dichos convenios obstáculo para impartir justicia e intromisión en la soberanía nacional, advirtió Juan Carlos Gutiérrez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

El Estado asume responsabilidad

Luego de la presentación del libro El caso Rosendo Radilla Pacheco: impacto e implicaciones en el nuevo modelo constitucional –del cual es coordinador, junto con Ricardo Sepúlveda– el activista señaló que el análisis jurídico que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con respecto al tema ha empezado a cambiar la forma en que muchos jueces realizan su trabajo.

Al analizar las obligaciones del Estado mexicano ante la sentencia de la CIDH por el caso Radilla, la SCJN determinó que ésta y otras resoluciones de organismos internacionales son de cumplimiento obligatorio, y asumió su responsabilidad de restringir el fuero militar y capacitar a los funcionarios del Poder Judicial para abordar estos temas con perspectiva de derechos humanos, subrayó.

Aunque su impacto ha sido gradual, la determinación ya ha empezado a provocar cambios en varios magistrados que decidieron revisar las leyes a través de la óptica de los tratados internacionales, dando preminencia a los derechos humanos.

Entre ellos figura el caso donde un juez de amparo ordenó limitar la cantidad de intereses por la falta de pago de una deuda, al considerar que el acreedor cometía el delito de usura. También otros magistrados decidieron limitar una petición de arraigo y anularon los permisos de explotación de una minera.

No obstante, advirtió Gutiérrez, algunos impartidores de justicia, con argumentos arcaicos y poco informados, rechazan una teoría moderna del derecho constitucional por falta de capacitación y sensibilidad, pero también por mantener sus privilegios.