oy sería ingenuo acudir a Balzac para insistir en que tras toda gran fortuna hay un crimen. Con el mundo hundido en el fango de la globalización, del capital financiero sin regulación, del Estado ausente en el que los hombres, diría Hobbes, son bestias de presa. Aquí, entre nosotros, el miedo impera y el crimen ha impuesto su ley. Organizado o no. Criminal el hambre de millones de mexicanos frente al desdén de los que más tienen y más acumulan; los que temen al caos anarquizante y se refugian en el dogma neoconservador, versión contemporánea del lema del porfiriato: Menos política y más administración.

O más todavía, de la confrontación entre los que postulan: menos gobierno; dejar hacer, dejar pasar, vía franca al libre mercado, y quienes defienden el accionar colectivo, el Estado defensor de los menos afortunados, en busca de la equidad, de lo que más nos aproxime a la igualdad que pregona la democracia representativa, sistema de gobierno imperante después de la caída, al disolverse el mundo bipolar de la guerra fría. Eso debatieron el candidato republicano Mitt Romney y el presidente Barack Obama. Eso está en juego en las elecciones del vecino del norte. Aquí, la derecha perdió las elecciones y conservó el poder de una alianza más firme que la genética. Pero en la transición se perdió algo más que el rumbo extraviado en el priato tardío.

Asistimos a la podredumbre del tejido social, a la victoria del aislamiento sobre el sentimiento de comunidad, a un estado de confusión tal que la izquierda, lo popular, lo progresista, postule la búsqueda de las virtudes individuales y olvide la visión de las colectivas. El envilecimiento del lenguaje político enfangó el quehacer público, la cosa pública y a quienes se ocupan de ella. A la república, nada más y nada menos. Hoy contamos las decenas de miles de muertos que sumará la guerra contra el crimen; incluidas las fatalidades colaterales, y las de miles y miles de migrantes, mexicanos, centroamericanos, caribeños, del cono sur, que acabaron en tumbas colectivas; así como innumerables desaparecidos sumados a los miles enterrados sin identificación legal, sin acto jurídico alguno la mayoría de las veces. Y el hambre. La pobreza de más de 50 millones de mexicanos, la miseria de millones sin ingresos suficientes para comer tres veces al día.

Esas cuentas sí hay que llevarlas con todo cuidado. Habrá que pedir que rindan cuentas los mozos de estribo de la plutocracia que ha impuesto su cortedad de miras, su miopía, su desprecio a los de abajo, a la plebe, a los mexicanos del común. Temen a la barbarie desatada por la guerra contra el crimen organizado. Por eso se van al otro lado del río Bravo, braceros millonarios, viajeros constantes. Y se va su dinero. Y esperan que vengan capitales del exterior para remediar los males de las crisis recurrentes, de la pesadilla que empezó en 1994, el año que despertamos al México bronco; cuando volvió el México bárbaro descrito magistralmente por John Kenneth Turner, allá cuando Dios era omnipotente y don Porfirio presidente.

No habrá cacería de brujas. La derecha perdió el poder político. Los panistas perdieron el partido. Pero llega una nueva generación del partido de clases, del PRI en el que todos caben, el que a todos decía representar. Lejos del impulso revolucionario de los constituyentes; a años de luz del cardenismo del vigor social, del reparto de la tierra a los peones acasillados, de la alianza con los obreros y los sindicatos; de la expropiación a las compañías petroleras que se negaron a obedecer la ley de nuestra tierra, de las nacionalizaciones revolucionarias. Pero los hombres de Enrique Peña, que colaboran en las tareas previas a la toma de posesión del 1º de diciembre, tendrán que eludir la tentación de ir a ciegas al centro, donde los espera la identidad, la semejanza, cuando menos, con el reformismo calderonista, el estructural, el indispensable, el evangélico del dogma neoliberal, los recortes presupuestales, las reducciones al gasto público y ni hablar de imponer un sistema progresivo en el que pague más quien más gane.

Obama y Romney redujeron la confrontación definitoria a menos gobierno para dejar paso al libre mercado, o más gobierno para facilitar la acción colectiva, en el que todos o casi todos participen, para ayudar a los marginados. Enrique Peña va a llegar al poder cuestionado por los supuestos fraudes electorales, pero ante el peligro cierto y presente de la barbarie criminal, de la ruptura del tejido social. Hay que encontrar respuesta al reto de la injusta distribución del ingreso. Sin deslumbrarse con visiones parciales. En su viaje a la América nuestra, acierto indiscutible, Enrique Peña expuso la preocupación compartida y el interés común de México y Chile por abatir la pobreza. Reconoció los avances chilenos, pero nada dijo, ni tenía por qué hacerlo en visita diplomática, de la brutal concentración del ingreso, de la riqueza.

En México, el ingreso de 20 por ciento de la población más rica suma 13 veces el porcentaje de la más pobre. En Chile suma 16 veces. Pero la inequidad en la distribución de la riqueza es pesadilla aterradora en nuestro territorio. Aquí y ahora, con el empleo informal como refugio para quienes resisten al borde del precipicio, sin seguridad social alguna, las cifras de la encuesta nacional de ingreso y gasto de 2010 nos gritan que los que más ganan obtienen 37 veces lo que alcanzan quienes generan ingresos en condiciones más precarias. En bloque, como los del uno por ciento que tomaron la Plaza del Sol y Wall Street en protesta contra los que son dueños de 99 por ciento de la riqueza. Hay datos sobre lo que acumula el .001 por ciento. El presidente electo fue al sur y volvió al infierno. Discretamente se reúne con el presidente Calderón y su gabinete de seguridad para hablar de la guerra y los horrores del estado de excepción ficticio.

Los del equipo de la transición hablan de modificar la estrategia; de proseguir el combate sin retirar de inmediato a Ejército y Marina de las calles, pero poco se escucha del cómo y cuándo, de la urgencia de cumplir con lo que dicta la norma constitucional y solicitar autorización del Congreso para declarar suspensión de garantías individuales, para establecer el estado de excepción. Los funcionarios públicos sólo pueden hacer lo que la ley expresamente señala, no pueden ir más allá de las facultades que les otorga. De ahí la insistencia del mando militar en solicitar al presidente Calderón legislación que sitúe su accionar en la seguridad pública, dentro del marco jurídico. Ya no hubo tiempo. Nunca hubo voluntad política. Y nunca se reconoció que las tareas de seguridad pública, las del ámbito de la justicia, deben estar siempre a cargo de la autoridad civil.

Se acaba el sexenio. La tierra seca, de siembras de temporal que espera los huracanes para que dejen sus humedades. La hemos sembrado de cadáveres. Y hemos destruido el tejido social, desmantelado las instituciones del poder constituido, el cinismo que se reía de la corrupción, de la complicidad de gobernantes y dueños de capital para enriquecerse ambos, del humor negro sobre políticos pobres que son pobres políticos, es hoy lamento en el fango, miedo porque la impunidad impera y no están a salvo ni los dueños del poder ni los dueños del dinero.

Ni los suyos ni los nuestros. Vino la alternancia y democratizó la impunidad. Estado ausente: gobiernan el miedo y la violencia.