Uno de los 30 casos que deberá analizar en estos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el que están a debate los límites de la justicia militar en casos de violaciones graves a los derechos humanos de civiles, es el del indígena nahua Bonfilio Rubio Villegas, quien fue víctima de ejecución extrajudicial en un retén del Ejército.

Como se ha informado en estas páginas, Bonfilio Rubio fue asesinado el 20 de junio de 2009, cuando un grupo de soldados del 93 batallón de infantería detuvo en la comunidad de Huamuxtitlán un camión donde viajaban más de 40 pasajeros hacia el Distrito Federal.

Luego de retener el vehículo durante varios minutos para interrogar a una persona que les pareció sospechosa por utilizar botas militares, el chofer del autobús decidió arrancar de nuevo, lo cual provocó que los uniformados abrieran fuego de manera indiscriminada contra los cristales y provocaron la muerte de Rubio Villegas, quien entonces tenía 30 años de edad.

Aunque el caso fue enviado en primera instancia a los juzgados militares –donde sólo se consignó a un soldado por homicidio culposo–, los familiares de la víctima lograron que un juez de distrito les concediera un amparo para enviar el caso a la justicia civil, el cual a su vez fue impugnado por el Ejército.

Esperamos que los ministros (de la SCJN) ratifiquen lo que ya fue dictado por un juez sobre el amparo que solicitamos en diciembre de 2011, para que en todos los casos donde esté involucrado un militar en un crimen contra un civil lo conozca un tribunal ordinario, señaló José Rubio, hermano de Bonfilio, en entrevista con La Jornada.

Aunque la familia del indígena recibió algunas presiones del Ejército para que aceptara recursos económicos para el sepelio, supuestamente sin que ello significara una compra de silencio, desde el inicio dijimos que no estamos interesados en recibir dinero. Al rato van a decir que con eso cubren su delito y nosotros no tenemos nada ya qué hablar, indicó el profesor de escuela primaria bilingüe.

Vamos a agotar las últimas instancias, pero si la Corte falla en favor de los militares, buscaríamos alternativas en otras instancias a nivel internacional para obligar al Estado mexicano a que modifique su ley del fuero militar, porque los soldados gozan de todos los derechos, y como ciudadanos no tenemos ninguno, lamentó.

Ante posibles represalias en contra de la familia de la víctima por exigir justicia, “sí hay miedo, porque pueden levantarnos o cualquier otra cosa, pero queremos que se sepa lo que ha provocado la militarización en las comunidades. Han dejado muchas familias sin padres ni hijos; por eso pedimos que el gobierno cambie su forma de actuar y ya no lastime al pueblo mexicano”, puntualizó.