La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) acusó a la delegación Cuauhtémoc de tolerar la trata de personas en la demarcación, específicamente en la colonia Buenavista, y de omitir una política pública para atacar este problema.

Por este motivo, el organismo emitió la recomendación 9/2012 por el establecimiento de una zona de tolerancia para el ejercicio de la prostitución en la calle Luis Donaldo Colosio, sin analizar las condiciones en las que se desarrolla esta actividad y sus consecuencias, como la explotación sexual.

En ese lugar, agregó, la delegación pretendió reubicar a un número indeterminado de sexoservidoras, a quienes les ofreció seguridad, protección y servicios de salud, pero no les dio seguimiento.

La CDHDF agregó que constituir zonas toleradas sólo agravan el problema de la trata de personas e incita las agresiones de los explotadores, pues se les dota de recursos y un espacio público para el desarrollo de su actividad, y en el caso de la delegación Cuauhtémoc, concluyó la CDHDF, las autoridades fueron omisas para prevenir esa conducta, además de que viola el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Al anunciar la creación del citado corredor, el entonces jefe delegacional Agustín Torres dijo que el proyecto consideraba realizar un padrón de las personas que ejercen la prostitución, así como la elaboración de bitácoras respecto del uso de los hoteles, así como instalar un dispositivo de seguridad para evitar el ejercicio de la prostitución en calles aledañas.

Asimismo, agregó, se destinarían 700 mil pesos para arreglar el camellón, construir un retorno para automóviles, instalar luminarias y pintar banquetas y guarniciones.

Sin embargo, las autoridades delegacionales negaron a la CDHDF la existencia del proyecto y que sólo fue una sugerencia para las sexoservidoras que ejercieran su actividad en la calle Luis Donaldo Colosio.

Entre los puntos recomendados, la comisión pide a la delegación capacitar a los funcionarios públicos de la misma en materia de trata de personas, realizar un diagnóstico para identificar a los grupos vulnerables que trabajan en la zona de tolerancia y establecer un protocolo para canalizar denuncias penales ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).