El Movimiento Progresista alista el expediente para solicitar la anulación de la elección presidencial. Vamos a hacer una impugnación genérica de todo el proceso, adelantó Camerino Márquez, representante del PRD ante el Instituto Federal Electoral (IFE).

Dijo que esta coalición no puede reconocer un proceso a todas luces inequitativo, por lo que los magistrados (del tribunal electoral) deberán establecer la causal de nulidad y ordenar que se reponga el proceso.

En tanto, el presidente del IFE, Leonardo Valdés, advirtió que desconocer los resultados de la elección se vería como una actuación muy fuera del marco legal. En entrevista, señaló que si bien los partidos pueden encabezar manifestaciones acerca del resultado de la elección, yo no veo por ningún motivo que se puedan ni desconocer la totalidad de los resultados de la votación y menos aún, desconocer a la autoridad electoral.

Aseveró que los cómputos distritales transcurrieron con normalidad y en el marco de la ley, en atención a las causales para recuento de votos que marca el código electoral.

En tanto, los partidos que integran la coalición de izquierda iniciaron el análisis hacia la solicitud de nulidad de la elección presidencial, cuyos juicios de inconformidad podrían ser promovidos el jueves próximo, último día del plazo legal para interponer estos trámites ante la sala superior del tribunal electoral, cuyos resolutivos son definitivos e inapelables.

Los abogados de estos partidos consideran que elementos como el rebase de topes de campaña, un ilegal financiamiento de entes privados, así como otros elementos vinculados a la desigualdad, son suficientes para que proceda la nulidad.

Camerino Márquez dijo que en México el fraude electoral no se evidencia en el margen de los votos, sino en la manipulación anticipada con toda alevosía y ventaja que se hace desde el posicionamiento anticipado mediático de un actor político. Señaló que en la campaña de Enrique Peña Nieto hubo violaciones graves, como propaganda adquirida de manera irregular, así como uso ilegal de recursos públicos y privados, cuya procedencia puede ser incluso presupuestos de gobiernos estatales, con la intervención de mandatarios. Además, compra y coacción del voto a través de la compra masiva de tarjetas que violan el principio de equidad y los topes de campaña.

A todas luces hay intereses de los poderes fácticos, del duopolio televisivo. En este país no puede haber equidad mientras haya concentración de los medios de comunicación, dijo.