Moscú, 5 de julio. Los diputados oficialistas de la Duma se proponen aprobar este viernes, en primera lectura, una polémica ley que coloca el sambenito de agente extranjero a cualquier organización no gubernamental (ONG) que se dedique a actividades políticas y reciba financiamiento desde el exterior, incluidos estados o sus instituciones, organizaciones foráneas o internacionales o ciudadanos de otros países.

Entre las ONG afectadas estarían, por ejemplo, las que documentan la violación de los derechos humanos o la alteración de resultados electorales.

Según los autores del proyecto de ley, presentado a la Cámara baja por el partido mayoritario Rusia Unida, no se pretende prohibir o restringir el funcionamiento de esas ONG en Rusia, sino hacer que la población sepa que cobran por cumplir instrucciones desde otros países.

El concepto se equipara a espía

Sin embargo, tras coincidir en que es necesario regular de modo más efectivo el funcionamiento de las ONG que reciben financiamiento externo para excluir su injerencia en los asuntos internos de Rusia, la Cámara Pública –instancia consultiva creada por el Kremlin– dictaminó hoy que el proyecto de ley es anticonstitucional.

Los cambios que se plantean realizar los diputados, apunta el dictamen, según el artículo 72 de la Constitución del país, son facultad conjunta de la Federación Rusa y sus entidades federales.

Además el concepto agente extranjero se presta a confusión en Rusia, al equipararse a espía, lo cual no se corresponde con las actividades de las ONG, al tiempo que es indispensable formular con mayor precisión acción política y formación de la opinión pública, entre otros conceptos deliberadamente ambiguos, señala la Cámara Pública.

En igual sentido se pronunció la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, que pidió a los legisladores de Rusia Unida retirar su proyecto y someterlo a un amplio debate en la sociedad, ya que contiene normas y prácticas contrarias a la Constitución.

Si las enmiendas entran en vigor, las ONG tendrán 90 días para solicitar un nuevo registro en una sección especial del Ministerio de Justicia y se verán obligadas a rendir un detallado informe semestral de sus actividades y, una vez al año, se efectuará una auditoría de sus gastos.

La ley atribuye a las autoridades el derecho de determinar si una ONG, al margen de sus fines declarados, realiza acciones políticas. Si sus dirigentes no solicitan nuevo registro tendrán que pagar una elevada multa o ir a la cárcel hasta tres años, mientras se suspende el funcionamiento de la organización durante seis meses.

También se prevén multas por no indicar el estatus de agente extranjero en los documentos que difundan las ONG.

La veterana defensora de los derechos humanos Liudmila Alekseyeva anunció este jueves que pedirá a los parlamentos y gobiernos de Estados Unidos y Europa incluir a los seis diputados que elaboraron el proyecto en una lista negra que les impida obtener visado, como a los integrantes de la relación de funcionarios de la policía, la procuraduría y la inspección fiscal que tuvieron que ver con la muerte del abogado Serguei Magnitsky.

Es una paradoja difícil de entender: entre los funcionarios locales que más fuerte suelen gritar contra la injerencia foránea en los asuntos internos de Rusia hay muchos a quienes se puede ver con frecuencia en Gran Bretaña, la Costa Azul francesa, el Adriático italiano o en Suiza, por mencionar sólo algunos destinos a que llegan aviones privados desde Moscú.

¿También son agentes extranjeros? No, simplemente poseen casas y cuentas bancarias en Europa y Estados Unidos, donde residen sus cónyuges o estudian sus hijos, en las mejores universidades.