El aborto realizado en condiciones inseguras pone en riesgo la salud y la vida de las mujeres. Al año se efectúan 20 millones de estos procedimientos en los países en desarrollo y en México las estimaciones más recientes ubican la cifra en más de 874 mil, lo que representa un incremento de 33 por ciento en 16 años.

Durante la conferencia regional Salud materna en Latinoamérica y el Caribe: agenda inconclusa, especialistas advirtieron que la negación del derecho a decidir de las mujeres convierte a la interrupción del embarazo en un problema de salud, y uno de los factores que condicionan la disminución de la mortalidad materna.

Jill W. Sheffield, presidenta de la organización civil Woman Deliver, comentó que en México ha habido grandes avances en la reducción de los decesos de mujeres por causas asociadas a la maternidad, pero todavía falta mucho por hacer, y eso debería realizarse más rápido y mejor.

Ya se sabe que es posible evitar los decesos y existen las herramientas para lograrlo, pero ha faltado voluntad política de los tomadores de decisiones, apuntó.

Por la misma razón los países en desarrollo tampoco han podido cumplir con los compromisos adquiridos en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD) de El Cairo, efectuada en 1994, respecto a modificar la visión de las políticas públicas dirigidas a las mujeres.

Se dijo entonces, recordó Consuelo Mejía, directora de Católicas por el Derecho a Decidir, que las mujeres tienen un papel protagónico en el desarrollo, y ya no es válido pensarlas como objeto de las políticas de población, sino como sujetos de derechos. Por eso, deberían tener oportunidades de desarrollo, eliminar la violencia y discriminación en su contra, y garantizar sus derechos sexuales y reproductivos, lo que incluye la interrupción del embarazo.

Un reporte del Instituto Guttmacher señala que mientras en 1990 se registraron 25.1 abortos por cada mil mujeres en edad reproductiva, para el año 2006 la relación fue de 33 por mil, con lo cual la cifra total superó 874 mil interrupciones de embarazo.

Consuelo Mejía, quien formó parte de la delegación mexicana en El Cairo, dijo que aunque ha habido avances, también hay asuntos pendientes. Existen grandes programas que se quedan en eso por falta de mecanismos de aplicación en los estados, por falta de recursos o capacitación de personal.

En México la educación sexual integral sigue siendo un vacío, a pesar del compromiso signado por el país en 2008 en la Declaración Ministerial Prevenir con Educación. Tampoco está garantizado el acceso a métodos anticonceptivos.

En entrevista, Mejía aseguró que la agenda acordada en El Cairo fue histórica, representó un cambio de paradigma de la población y los derechos reproductivos. Pero siempre ha tenido el rechazo y oposición de la Iglesia católica, cuyo trabajo de cabildeo y presión con los gobiernos ha frenado los avances.

Durante la conferencia regional, los participantes comentaron sobre la sesión especial de Naciones Unidas que tendrá lugar en 2014 con motivo del 20 aniversario de la reunión de El Cairo y de las actividades previas a la presentación de informes nacionales.

Frances Kissling, de Women Deliver y fundadora de Católicas por el Derecho a Decidir, llamó la atención de las activistas para que en la lucha por los derechos de las mujeres no sólo asuman una posición defensiva de cuidar los avances y negarse a la negociación. Se trata, dijo, de tener mensajes contundentes que obliguen a la acción.

María Antonieta Alcalde, de la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF por sus siglas en inglés), planteó que el objetivo de las agrupaciones civiles en Cairo +20 es no sólo hacer una revisión de lo hecho hasta ahora, sino de agregar los temas pendientes, aquellos que en el transcurso de las últimas dos décadas se han agregado, entre otros, la situación de las población en vulnerabilidad, como las indígenas; el ejercicio de los derechos y la educación sexuales, así como la persistente inequidad.