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Defensores de derechos humanos, perseguidos

ONG de Guerrero entrega informe a comisión de Washington
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 12 de mayo de 2012, p. 17

Chilpancingo, Gro.,11 de mayo. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan presentó un informe ante la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos del Congreso de Estados Unidos –con sede en Washington–, en el que denunció que este año fueron perseguidos en el estado de Guerrero 62 defensoras y defensores de estas garantías y cinco fueron asesinados .

En un boletín, Tlachinollan destacó que a partir de que el presidente Felipe Calderón declaró la guerra al crimen organizado en estados como Guerrero, la línea entre el gobierno y los criminales es en ocasiones difícil de distinguir.

A Tlachinollan, agrega el documento, preocupa el uso del Ejército como pieza central de la política nacional de seguridad. Los abusos de derechos humanos se han incrementado; las quejas aumentaron en más de 600 por ciento en comparación con la administración pasada.

En el caso de la entidad se documentaron casos de violación sexual y tortura por soldados, como los de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, en los que aun cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fallado en su favor, los soldados responsables todavía no han sido castigados.

También presentó el caso de Bonfilio Rubio, joven indígena presuntamente asesinado por elementos del Ejército en Guerrero, en 2009, que dispararon al autobús donde viajaba al alejarse de un retén militar.

“Actualmente, el caso se encuentra ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y puede convertirse en el primer fallo obligatorio contra el uso del fuero militar en casos de violaciones de derechos humanos cometidas contra civiles.

La asistencia de Estados Unidos debe de considerar que sin una verdadera rendición de cuentas el fortalecimiento institucional y nuevo equipamiento serán insuficientes para construir fuerzas policiales fuertes y democráticas. Esto debe incluir a la Policía Federal y a la Policía Ministerial Estatal a nivel estatal, indicó.

La organización civil planteó que Estados Unidos debe tomar acciones básicas, como la reducción de la demanda de drogas ilícitas o medidas contra el tráfico de armas de alto calibre hacia México, considerando que en regiones como la Montaña de Guerrero, algunas comunidades crecen cultivos ilícitos, como forma de sobrevivir a las carencias extremas.

Finalmente, en relación con la asistencia estadunidense al gobierno mexicano, demandó presionar por acciones de largo plazo para reforzar instituciones civiles mexicanas y para llevar a cabo rendición de cuentas a todos los niveles, de lo contrario, la asistencia de Estados Unidos se irá directo a autoridades que sistemáticamente violan derechos humanos.