Integrantes de la comisión negociadora del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) aseguraron que hasta el momento la Secretaría de Educación Pública (SEP) no ha presentado, de manera formal, una contrapropuesta salarial para satisfacer las demandas planteadas, aunque no se descartó que antes del 15 de mayo se logre suscribir un acuerdo definitivo.

Afirmaron que tras el encuentro SEP-SNTE del pasado jueves, se aprobó construir las rutas críticas para alcanzar un acuerdo sobre la aplicación de la evaluación universal, al mismo tiempo que se garantizan las condiciones para realizar un examen entre los docentes que participen en el programa de Carrera Magisterial. Uno de los temas que abordaron es garantizar que la secretaría cumpla con su obligación constitucional de dar capacitación gratuita al magisterio, lo que se ha convertido en un punto central.

Luego de la junta entre los secretarios de Gobernación, Alejandro Poiré, y de Educación, José Ángel Córdova Villalobos, con la presidenta vitalicia del gremio magisterial, Elba Esther Gordillo Morales, la noche del pasado miércoles, insistieron que todavía no hay condiciones para hacer un anuncio definitivo, pues aún no hay nada sobre la mesa en materia salarial, de forma oficial, por lo que el próximo martes continuarán las negociaciones SEP-SNTE.

En tanto, Artemio Ortiz Hurtado, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional Democrático del SNTE, afirmó que ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), la representación legal de la cúpula elbista mantuvo su defensa para aplicar la evaluación universal, al sumarse a la demanda de la SEP para que se haga válida la obligación de los maestros de participar en el examen estandarizado, pues aseguraron que forma parte de un proceso de detección de áreas de capacitación.

En la audiencia de desahogo de pruebas, convocada el pasado 3 de mayo en la sede del TFCA, afirmó que la representación legal de la dependencia argumentó que no existe una relación laboral directa con los maestros, pues desde la firma en 1992 del Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa, la responsabilidad patronal corresponde a los estados, por lo que quiere usar esta excusa para no asumir su responsabilidad en la violación de los derechos laborales de 1.2 millones de trabajadores de la educación.

Dijo que hay un doble discurso, pues la cúpula elbista rechaza realizar la evaluación, pero también apoya las acciones para hacerla obligatoria.

Al respecto, Sergio Espinal, ex dirigente de los maestros disidentes de la sección 18 de Michoacán, afirmó que Gordillo Morales y sus incondicionales buscan que el mayor número de maestros muerdan la zanahoria de los estímulos de Carrera Magisterial y acudan este 24 de junio a evaluarse para decir que al menos 50 por ciento de los maestros de primaria sí participaron; en realidad, lo que se busca es mantener la zozobra y la desinformación entre los docentes, aunque hay clara tendencia a rechazar este tipo de exámenes.