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Se presume la participación de servidores públicos

PGR investigará actos de corrupción de directivos de la compañía en el país
 
Periódico La Jornada
Viernes 27 de abril de 2012, p. 32

La Procuraduría General de la República (PGR) comenzó la investigación de actos de corrupción de directivos de Wal-Mart de México, en los que se presume la participación de servidores públicos. La indagatoria fue abierta tres días después de que la institución había señalado que no investigaría el caso, porque supuestamente los actos de corrupción cometidos por representantes de Wal-Mart sólo involucraban a funcionarios municipales o estatales.

La dependencia que dirige Marisela Morales Ibáñez informó que, de acuerdo con sus facultades y atendiendo a que las notas periodísticas aluden a hechos genéricos, y considerando que no se cuenta con un denunciante en particular, el Ministerio Público Federal podrá solicitar información tanto a particulares, personas morales, como a diversas dependencias del Ejecutivo federal. Con los elementos de prueba recabados, y previa valoración de los mismos, podrá determinar si continúa sus indagatorias como averiguación previa, definió.

Investigarán a funcionarios

El acta circunstanciada fue iniciada por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, donde se indagará si funcionarios federales cometieron actos como abuso de autoridad o cohecho.

En tanto, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales solicitó a la Función Pública que revise los trámites y solicitudes atendidas en materia de impacto ambiental y que están relacionadas con la empresa, a fin de detectar si existieron irregularidades en el otorgamiento de permisos para la instalación de nuevas sucursales.

Entre los casos cuestionados por el otorgamiento de permisos ambientales se encuentra un Wal-Mart en Chetumal, Quintana Roo, el cual afectó unas 30 hectáreas de semiselva, además de obras en Chetumal que fueron clausuradas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por cortar mangle, y una segunda autorización cuestionada por organizaciones ambientalistas como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, en Playa del Carmen, donde en 2010 se autorizó el cambio de uso de suelo en terrenos forestales.