En las postrimerías de la legislatura, de forma unánime, el Senado de la República aprobó ayer la Ley General de Víctimas, entramado jurídico que representa el principio de un camino nuevo, de mayor justicia, atención y cuidado para quienes sufren violaciones a sus derechos humanos o el embate de la delincuencia organizada, según comentó en tribuna el priísta Jesús Murillo Karam.

Es un paso muy importante que reivindica los derechos humanos en esta lucha en que estamos inmersos entre un Estado policiaco y un Estado de plena libertad, dijo el senador del PRD Pablo Gómez, al dar la bienvenida a esa ley de nueva generación, que declara corresponsable al Estado mexicano de los atentados contra la vida, la seguridad y la propiedad de las personas, y ordena la reparación integral del daño.

Al final, después de la participación de legisladores de todos los partidos –y de algunos cambios de última hora al dictamen–, con 94 votos en favor y ninguno en contra se aprobó la nueva ley entre aplausos de familiares de víctimas, integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que desde la zona de invitados siguieron emocionados el debate.

Quedó honrado el compromiso que el Senado asumió con el movimiento en julio de 2011, en el Castillo de Chapultepec, exclamó desde la tribuna el presidente del Senado, José González Morfín (PAN).

Atrás habían quedado los intentos por parar ese nuevo marco jurídico. Murillo Karam, presidente de la Comisión de Gobernación y uno de los artífices de la reforma, dijo, al fundamentar el dictamen, que se trata de una ley que nos va a hacer sentir satisfechos de haber pasado por esta legislatura.

El ordenamiento jurídico, sostuvo, nace del sentimiento brutal que padecen las personas que tienen un familiar secuestrado, desaparecido o asesinado, y no hay un Estado que responda por ello. La Ley General de Víctimas, recalcó, obliga al Estado a responder a los agraviados.

En nombre del PAN, el senador Fernando Elizondo destacó que con esta ley México se coloca a la altura de lo establecido en tratados internacionales en materia de derechos humanos. Dijo asimismo que se crea el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, que será el encargado de garantizar que sus derechos sean respetados en todos los ámbitos de gobierno.

El ex perredista Tomás Torres –otro de los que trabajaron en la ley– señaló que se sientan las bases para reconstruir el tejido social tan gravemente afectado por la violencia.

En su turno, el priísta chihuahuense Fernando Baeza recalcó que el objetivo central de esa legislación –impulsada conjuntamente con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en los pasados nueve meses– es que el daño causado a las víctimas debido a la violencia asociada con el crimen organizado sea reparado legalmente con medidas de restitución, de satisfacción, y eventualmente con una indemnización económica, fijada en cerca de 950 mil pesos.

Una ley para rescatar la memoria, la identidad y la dignidad de las víctimas y sus familiares, para saber con certeza qué pasó, quiénes son los responsables, para que se les detenga, juzgue y sancione, y con ello, combatir la impunidad.

Carlos Sotelo, del PRD, mencionó otros casos de víctimas de la guerra de Felipe Calderón y pidió un minuto de silencio para ellos.Formuló un reconocimiento a la asesora Eliana García, por su esfuerzo en ayudar a construir esa ley, en la que participaron la UNAM, otras instituciones académicas y organismos internacionales.

Ayer se hicieron varias modificaciones al dictamen, entre ellas que el fondo de ayuda, asistencia y reparación integral del daño se integre con recursos presupuestales y privados como donaciones, pero no del redondeo de tiendas departamentales.

La ley ordena crear un registro nacional de víctimas, obliga al Estado a buscar por todos los medios a las personas desaparecidas y da el derecho imprescriptible a agraviados a conocer la verdad histórica.

Tanto Sotelo como el también perredista Rubén Velázquez y Julián Huitrón Fuente Villa, del Movimiento Ciudadano, pidieron a los diputados que aprueben la minuta que ayer mismo, con toda celeridad, les remitió el presidente del Senado, González Morfín. Igual demanda formularon los integrantes del Movimiento por la Paz. Si no se aprueba en San Lázaro quedará pendiente hasta septiembre. Ayer el Senado aprobó también la reforma al artículo 73 constitucional, que faculta al Estado a legislar en materia de víctimas.