o es nuevo el asunto, pero que resurja sí es preocupante. De nueva cuenta en los estados de mayor porcentaje de población indígena, Chiapas y Oaxaca, tienen lugar casos de intolerancia religiosa contra evangélicos. Sus perseguidores son autoridades políticas y religiosas. Simbiosis peligrosa, porque no reconoce de hecho la libertad de creencia y cultos promulgada por el indígena Benito Juárez el 4 de diciembre de 1860.

De acuerdo con el experimentado reportero Isaín Mandujano, alrededor de un centenar de familias del ejido Matamoros, en el municipio de Venustiano Carranza, fueron despojadas de sus tierras y sus animales, y no se les permite enterrar a sus muertos en el panteón de la comunidad, debido a que profesan una religión diferente a la católica; son protestantes. Agrega que alrededor de mil familias han sido despojadas de sus tierras y los católicos les destruyeron sus parcelas, además de que dispersaron a su ganado (www.proceso.com.mx/?p=303135).

Los despojados son indígenas tzotziles. Acusan a Salomón Suárez Balcázar, presidente del comisariado ejidal, y al agente municipal Eduardo Velázquez Balcázar, de ser quines encabezan las hostilidades en su contra. Una delegación de los perseguidos está en la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez, para demandar la intervención de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos de la entidad, y que cumpla con su obligación de garantizarles el libre ejercicio de sus creencias, así como sanciones contra quienes les coartan esa libertad. ¿Esta vez las autoridades cumplirán con las obligaciones que les marcan las leyes, o como en anteriores casos parecidos le van a dar largas al conflicto?

En lo que toca a Oaxaca, Elías Betanzos Luis, líder de al menos 400 congregaciones aglutinadas en el Consejo Oaxaqueño de Unidad Evangélica, dio a conocer que en 17 comunidades de los 415 municipios que se rigen por el sistema de usos y costumbres el organismo que preside tiene registro de casos graves de intolerancia religiosa (nota de Sofía Valdivia, Oaxaca a Diario, 2/4). El dirigente protestante detalló que es en la Mixteca, la zona mixe, Sierra Norte y ahora la Costa donde tiene lugar la mayor incidencia de intolerancia en contra de sus correligionarios.

No es generalizada la persecución contra los indígenas protestantes en las comunidades regidas por usos y costumbres. En la mayor parte, como se desprende del testimonio dado por el líder del Consejo Oaxaqueño de Unidad Evangélica, los indígenas de distintos credos religiosos conviven sin agresiones y respetan la creciente pluralización que tiene lugar en sus poblados. Sin embargo, el número de casos existentes en los cuales los evangélicos son hostigados, desde amenazas hasta cortes de servicios, como agua, y expulsiones, es más que suficiente para movilizar a organismos de derechos humanos con el fin de que exijan el respeto a las garantías constitucionales de los agredidos. ¿O acaso los derechos de los indígenas evangélicos valen menos?

Ya es hora de abandonar la costumbre de culpabilizar a los perseguidos como principales causantes de las persecuciones que padecen. La muy conservadora idea que señala cómodamente a los indios e indias protestantes de ser los causantes de su desgracia, por andarse convirtiendo a creencias distintas a la religiosidad tradicional, es profundamente discriminatoria y negadora de derechos humanos hacia una parte importante de la población mexicana.

De la derecha conservadora no esperamos que mueva siquiera un dedo para defender el derecho a la libertad de creencias de los indios protestantes. Su espíritu y actitudes de sumisión absoluta a la pretensión del jefe de la Iglesia católica, Benedicto XVI, de invisibilizar a las minorías religiosas fue manifestado a plenitud y sin rubor alguno en la reciente visita realizada por el personaje a nuestro país. En eso hay congruencia histórica: ayer se opusieron férreamente a que la Iglesia católica dejara de ser la fe oficial del Estado mexicano. Hoy, que ya no pueden revertir conquistas históricas en la descolonización de México, presionan para que el marco legal les devuelva algunos privilegios del pasado.

Por el lado de la izquierda, bien harían en ese sector ideológico, cultural y político si rescataran a los liberales izquierdistas del siglo XIX. Ellos fueron decididos defensores de la libertad de cultos. Nada más como ejemplo cito el caso del indígena (nacido en Tixtla, Guerrero) Ignacio Manuel Altamirano. En muchas ocasiones se manifestó en artículos periodísticos (comenzó a escribir del tema en 1869) contra casos de intolerancia sufridos por indígenas protestantes.

Altamirano estuvo presente la ocasión en que San José de Gracia (Mesones 139) se abrió por primera vez al culto protestante. El 23 de abril de 1871 predicó en ese lugar Manuel Aguas, ex dominico convertido al cristianismo evangélico. En su crónica narra que fueron insuficientes las mil quinientas sillas que se colocaron para dar lugar a la multitud que se congregó para participar del acto. Sobre la audiencia, dice que estuvo compuesta de todas clases, sexos y edades: señoritas, caballeros, artesanos, numerosos indígenas, todos estaban confundidos en un solo sentimiento de verdadera fraternidad, según el espíritu del Evangelio (El Federalista, 24 de abril de 1871, p. 3). Los indígenas han tenido históricamente un papel destacado en la endogenización del protestantismo en tierras mexicanas.

¿Por qué desde la izquierda siguen regateando a los indios e indias de México el derecho a ejercer su libertad de conciencia y se les estigmatiza cuando eligen otra opción religiosa distinta a la católica romana?