Tlalnepantla, Mex., 24 de marzo. Con 64 años de antigüedad, el rastro de esta localidad cumplió su vida útil, funciona en condiciones de insalubridad y únicamente sirve a particulares, los cuales se benefician con los 6.5 millones de pesos que la presidencia municipal eroga cada año en servicios de agua, electricidad y pago de empleados.

El centro de matanza ya es absolutamente obsoleto, afirmó el presidente municipal Arturo Ugalde Meneses durante una sesión de cabildo en 2009. Dos años después el establecimiento opera en iguales o peores condiciones, tanto que el alcalde ha ofrecido regalar la concesión y las licencias correspondientes a introductores de ganado que deseen asumir la responsabilidad de ese rastro.

El munícipe reconoce que el rastro debió ser clausurado cuando él fue presidente municipal de Tlalnepantla por primera vez (1997-2000). “Hace 12 años yo fui criticado por la autoridad federal, me impusieron multas porque me dieron la indicación de cerrar el rastro y no lo hice. Llegaron otros gobiernos –panistas (2000-2009)– y mantuvieron el rastro a pesar del riesgo que representa para la salud pública”.

Biólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México vinieron y me tacharon de irresponsable, de ser el culpable de permitir que el rastro siga operando en esas condiciones. Dijeron que yo soy un promotor de que se afecte la salud pública de los tlalnepantlenses, relató en entrevista.

El rastro de Tlalnepantla ya dio lo suyo. Si viene cualquier autoridad sanitaria nos va a cerrar, por muchas razones, reconoció el alcalde. Dijo que la sangre de la matanza va a los drenajes domiciliarios, no cuenta con trampas de retención de desechos cárnicos, no hay garantías de higiene y existe la probabilidad de que se venda carne no apropiada.

El 24 de noviembre pasado, personal de la Comisión Federal de Prevención y Riesgos Sanitarios (Cofepris) colocó sellos de suspensión en la zona de matanza de reses, debido a que detectó carne contaminada por clembuterol. Se dejaron de producir al menos 70 toneladas de carne de res en canal.

Este año la Cofepris apercibió al ayuntamiento a que ponga una solución tajante a ese foco de infección. El gobierno federal tiene razón al señalar la irresponsabilidad del gobierno municipal, al mantener el rastro en esas condiciones, reconoció Ugalde Meneses.

De acuerdo con la norma, el rastro debe operar con el sello TIF (tipo inspección federal), reconocimiento que da la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Pesca y Alimentación para distinguir garantía de sanidad y estrictos controles de calidad en productos cárnicos.

El citado centro de matanza fue fundado en 1948 sobre 11 mil 500 metros cuadrados de un predio dado en comodato a la alcaldía por parte de la familia Rosas, en la avenida Lerma, de la colonia La Romana. En 1992 el predio fue integrado oficialmente al patrimonio municipal.

Desde 2009, la presidencia municipal avaló concesionar a introductores de ganado la operación del rastro.

“Yo invité a los introductores de ganado y les dije: ‘Les regalo la concesión, búsquense un predio, porque el actual ya no es el adecuado’; pero nadie le tomó la palabra, dice.

Un policía municipal impide a la prensa el acceso al rastro. Empleados entrevistados afuera especularon que debe existir alguna componenda entre la presidencia municipal y los que controlan el establecimiento, pues no se explican cómo después de tantas irregularidades sigue funcionando.

Algunos trabajadores denunciaron que les falta equipo de matanza, uniformes; que los ingresos que perciben son de al menos 4 mil pesos al mes y no tienen prestaciones.

Introductores traen ganado de los estados de México, Jalisco, Querétaro, Veracruz y Michoacán. Carniceros y particulares del poniente mexiquense y poniente del Distrito Federal son los consumidores principales.

Hasta el año pasado en el centro de matanza del estado se sacrificaban más de 11 mil reses al mes, 80 terneras, 105 mil cerdos; 7 mil becerros y más de 3 mil ovicaprinos.